Sánchez pone tres ministerios a cribar los centros de datos: más poder para un Gobierno abrasado por los escándalos

España tiene ante sí una de las grandes oportunidades económicas de la próxima década: los centros de datos, la inteligencia artificial y las infraestructuras digitales. Miles de millones de inversión buscan energía barata, suelo, conexión eléctrica y seguridad jurídica.

¿Y qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez?

Añadir otra capa de intervención, permisos, controles, requisitos y sanciones.

El Ejecutivo ha sacado a información pública un proyecto de Real Decreto que permitirá a tres ministerios intervenir en las condiciones bajo las que pueden instalarse y mantenerse los grandes centros de datos.

Y el asunto no es menor.

Un 80% renovable… hora por hora

El Gobierno pretende obligar a los centros de datos de más de 1 MW a cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con renovables.

Pero no basta con contratar energía verde.

Cada nuevo megavatio consumido deberá ir acompañado de un nuevo megavatio de generación renovable, instalado en los 18 meses anteriores, y además deberá existir una correlación horaria: en cada hora de funcionamiento, al menos el 80% de la electricidad consumida deberá proceder de renovables generadas en ese mismo momento.

El incumplimiento puede traducirse en fuertes recargos sobre peajes y cargos eléctricos y, en última instancia, incluso en la pérdida del derecho de acceso y conexión a la red.

Es decir: hablamos de condiciones capaces de decidir si una inversión de cientos o miles de millones resulta viable o termina marchándose a otro país.

Tres ministerios para decidir quién pasa el filtro

Ahí aparece el verdadero problema político.

El Gobierno vende todo esto con palabras como «soberanía digital», «resiliencia», «sostenibilidad» y «eficiencia».

Pero detrás de esas palabras habrá expedientes, comprobaciones, criterios administrativos, requisitos técnicos y decisiones capaces de determinar qué proyecto sigue adelante y cuál queda fuera.

Y la propia industria ya está alertando de los riesgos.

Nacho Velilla, CEO de Templus, lo resume de forma bastante clara:

«No se puede legislar sobre los centros de datos de espaldas a la industria».

Templus advierte de que estos requisitos pueden colocar a España en desventaja competitiva frente a otros países europeos, retrasar proyectos e incluso hacer peligrar permisos de acceso a la red ya concedidos.

Querer ser más verde que nadie puede acabar expulsando inversión

La crítica del sector tiene lógica.

España dispone en determinados momentos de grandes cantidades de generación renovable que incluso llegan a desperdiciarse.

Obligar a construir nueva capacidad renovable adicional mientras ya existe energía disponible puede generar situaciones económicamente absurdas.

Y la correlación hora por hora añade otra dificultad enorme para instalaciones que funcionan las 24 horas del día.

El problema no es utilizar renovables.

El problema es convertir una buena intención en una regulación tan rígida que termine haciendo inviable el proyecto.

Porque si España obliga a cumplir requisitos mucho más duros que sus competidores europeos, el resultado puede ser bastante sencillo:

las inversiones se irán a otro sitio.

Y todo esto llega del Gobierno que tiene un problema monumental de credibilidad

Aquí es donde Pedro Sánchez pretende que los inversores tengan una fe casi religiosa en la Administración.

Y resulta complicado.

Porque no estamos hablando de un Gobierno políticamente inmaculado al que simplemente haya que conceder más capacidad para decidir quién conserva permisos, quién mantiene acceso a la red y quién puede movilizar inversiones multimillonarias.

El historial reciente es devastador.

José Luis Ábalos, que fue secretario de Organización del PSOE y ministro de Pedro Sánchez, ha terminado condenado por delitos relacionados con la trama de contratos de mascarillas.

Su sucesor en la Secretaría de Organización, Santos Cerdán, también terminó investigado y pasó por prisión provisional.

Dos hombres que ocuparon sucesivamente uno de los puestos de máxima confianza dentro del PSOE de Sánchez.

Uno condenado.

El otro investigado y después de haber pasado por prisión provisional.

Y hasta el fiscal general terminó condenado

A ello hay que añadir el caso del antiguo fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, nombrado durante el mandato de Pedro Sánchez.

Fue condenado por el Tribunal Supremo por revelación de datos reservados y recibió una pena de inhabilitación para ejercer como fiscal general.

Y después de todo esto, el Ejecutivo pide a los ciudadanos y a los inversores que acepten con absoluta tranquilidad que la Administración aumente su capacidad para intervenir sobre proyectos multimillonarios.

Ése es el problema.

Más controles para un Gobierno que debería generar menos sospechas

No existe ninguna prueba de que esta regulación de los centros de datos se haya diseñado para cobrar comisiones, generar mordidas o beneficiar económicamente a responsables políticos.

Afirmarlo como hecho sería falso.

Pero el problema político es que el propio Gobierno ha destruido buena parte de su credibilidad.

Después de conocer cómo funcionaban determinadas adjudicaciones públicas alrededor de antiguos responsables socialistas, cualquier norma que aumente la capacidad discrecional de la Administración sobre inversiones multimillonarias debería venir acompañada de una transparencia extraordinaria.

Porque cuantos más permisos hacen falta, cuantos más informes deben emitirse y cuantos más despachos tienen capacidad para ralentizar o desbloquear un proyecto, más importante resulta garantizar que nadie pueda utilizar ese poder para favorecer, perjudicar o presionar a nadie.

Cada papel que hay que firmar crea un nuevo punto de poder

Éste es el riesgo que no puede ignorarse.

Un gran centro de datos puede implicar inversiones de cientos o miles de millones.

Cuando para ponerlo en marcha hacen falta:

más informes, más autorizaciones, más comprobaciones, más ministerios y más capacidad administrativa de bloquear el proyecto, también aumenta el número de puntos en los que una decisión política o burocrática puede alterar completamente la inversión.

España ya ha visto suficientemente de cerca lo peligroso que resulta cuando alrededor de la contratación pública o de grandes decisiones económicas aparecen intermediarios que presumen de saber qué puerta hay que abrir, a quién hay que llamar o quién tiene capacidad para desbloquear un expediente.

No hace falta acusar a nadie de nada para exigir que ese riesgo se reduzca al mínimo.

Menos discrecionalidad y más seguridad jurídica

Sostenibilidad, sí.

Eficiencia energética, también.

Protección del medio ambiente, por supuesto.

Pero todo ello debe hacerse con normas objetivas, previsibles, europeas y técnicamente realistas.

No construyendo otro laberinto regulatorio español.

Porque los centros de datos no tienen obligación de instalarse en España.

El capital tampoco.

Si colocar 1.000 millones aquí supone esperar años, superar controles de varios ministerios, adaptarse a requisitos energéticos extraordinarios y vivir permanentemente pendiente de conservar una conexión eléctrica, ese dinero puede cruzar una frontera con mucha más facilidad de la que parecen comprender algunos despachos de Madrid.

Y ésa debería ser la verdadera preocupación.

Con este historial, el Gobierno debería reducir discrecionalidad, no aumentarla

Ésa es la contradicción final.

Un Gobierno cuyo antiguo ministro y secretario de Organización ha acabado condenado.

Cuyo siguiente secretario de Organización pasó por prisión provisional mientras era investigado.

Y cuyo fiscal general terminó condenado e inhabilitado.

Ese Gobierno debería ser el primero interesado en reducir al mínimo cualquier espacio de discrecionalidad administrativa.

Debería establecer criterios automáticos.

Procedimientos transparentes.

Plazos claros.

Información pública.

Trazabilidad de cada decisión.

Y controles externos capaces de impedir cualquier favoritismo.

En lugar de eso, vuelve a ampliarse la capacidad del aparato estatal para condicionar inversiones multimillonarias.

Porque cada nuevo papel que alguien debe firmar para permitir que avance una inversión gigantesca supone también un nuevo punto de poder.

Y después de todo lo ocurrido alrededor del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez, es perfectamente legítimo desconfiar de cualquier modelo que concentre todavía más capacidad de decisión en los despachos políticos.

España necesita centros de datos. Lo que no necesita es otro enorme centro de poder desde el que el Gobierno pueda decidir a su antojo quién invierte, cuándo invierte y bajo qué condiciones.