Pedro Sánchez y su gobierno demandado por Bruselas

La paciencia de la Comisión Europea se ha agotado definitivamente. El Ejecutivo comunitario ha anunciado formalmente que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debido a la persistente negativa del Gobierno para trasponer a la legislación nacional dos directivas clave sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Esta decisión, que llega tras dos requerimientos oficiales realizados durante el año pasado, busca la imposición de severas sanciones económicas contra el Estado español por no aplicar un régimen que beneficiaría a cientos de miles de trabajadores por cuenta propia.

El eje del conflicto reside en la denominada directiva del IVA franquiciado, una normativa europea que debía haber sido adaptada al derecho interno, a más tardar, en diciembre de 2024. Este sistema permitiría a los autónomos y pequeñas empresas que facturen menos de 85.000 euros anuales quedar exentos de declarar e ingresar el IVA a la Hacienda pública, reduciendo drásticamente sus cargas administrativas y mejorando su liquidez inmediata.

El único país de la UE sin el régimen de franquicia

Con la entrada en vigor de esta normativa en el resto de la Unión, España se ha convertido en el único Estado miembro que no ha implementado el sistema de exención. Mientras que países como Alemania y Bélgica permiten a sus autónomos no retener IVA si facturan menos de 25.000 euros, Países Bajos fija el límite en 20.000 euros y Portugal en 15.000 euros, el Gobierno español ha mantenido una postura de bloqueo.

Desde Bruselas se subraya que, aunque la aplicación de la exención dentro del territorio nacional es técnicamente opcional para los Estados, la falta de trasposición de las disposiciones sobre el lugar de prestación conlleva riesgos graves. Entre ellos, destaca el peligro de doble imposición o de no imposición absoluta, dado que los otros 26 Estados miembros ya aplican normas armonizadas que España ignora.

El impacto en el colectivo de autónomos

Las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia, como ATA y UPTA, han celebrado la contundente respuesta de la Comisión Europea. Según estimaciones del sector, la puesta en marcha de esta medida supondría un ahorro directo y una mejora de gestión para unos 700.000 trabajadores, lo que se traduce en un impacto económico de aproximadamente 500 millones de euros anuales, unos 600 euros de ahorro por profesional.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha sido tajante al señalar que la normativa española carece actualmente de un régimen general de franquicia del IVA basado en un umbral de facturación, lo que resta competitividad a los profesionales españoles frente a sus homólogos europeos. El sistema propuesto por estas organizaciones busca:

• Exención total de retener o devengar IVA trimestralmente para facturaciones inferiores a 85.000 euros.
• Simplificación burocrática, eliminando la obligación de presentar declaraciones de IVA para los perfiles de ingresos más bajos.
• Reducción de costes de cumplimiento, permitiendo que las pymes se centren en su actividad productiva en lugar de en la gestión tributaria.

La defensa de Hacienda y la enmienda en trámite

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha intentado aplacar las críticas asegurando que la trasposición ya se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso. Según fuentes gubernamentales, estos cambios se han incluido a través de una enmienda a la ley que traspone otra directiva (la DAC8).

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario considera que los esfuerzos españoles han sido insuficientes y lentos. La Comisión insiste en que para que una pyme establecida en España pueda disfrutar de exenciones en otros lugares de la UE, primero debe poder registrarse bajo este régimen ante las autoridades españolas, algo que actualmente es legalmente imposible sin la trasposición completa.

Un riesgo para la competencia y el mercado único

La falta de este marco legal no solo afecta al bolsillo de los autónomos, sino que distorsiona el mercado único. Bruselas advierte que la ausencia de estas reglas en España para bienes de segunda mano, objetos de colección, antigüedades y servicios de streaming provoca «distorsiones de la competencia» a nivel comunitario.

En definitiva, la demanda ante el TJUE coloca a España en una posición delicada. De no acelerarse la aprobación de la normativa, el país se enfrenta no solo a una condena judicial, sino a multas millonarias que se sumarán al malestar de un colectivo de autónomos que ve cómo en el resto de Europa se facilitan los trámites que aquí siguen siendo una barrera para el crecimiento económico.