No es magia son tus impuestos y tu dinero

A través de un nuevo Real Decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad, el Consejo de Ministros ha aprobado una normativa que obliga a todas las comunidades autónomas a garantizar el acceso universal y gratuito a la asistencia sanitaria para extranjeros en situación ilegal. Esta medida supone la eliminación definitiva de las trabas administrativas que, desde la reforma de 2012 bajo el mandato de Mariano Rajoy, restringían el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) a quienes no tuvieran sus papeles en regla.

Asistencia inmediata para quienes entren ilegalmente

La principal novedad de esta ley es que la asistencia sanitaria podrá solicitarse incluso por aquellos extranjeros que lleven menos de tres meses en España. Hasta ahora, la normativa exigía un periodo mínimo de residencia para evitar el uso fraudulento de los servicios públicos, pero el nuevo texto legal flexibiliza totalmente estas condiciones.

Para obtener la tarjeta sanitaria o el documento de acceso, los inmigrantes ilegales ya no necesitarán presentar el volante de empadronamiento como requisito excluyente. El Gobierno ha introducido la figura de la declaración responsable, un documento donde el interesado simplemente manifiesta:

• Que no tiene cobertura sanitaria por otra vía.
• Que no puede exportar el derecho a la salud desde su país de origen.
• Que no existe un tercero (como un seguro privado o empresa) obligado a pagar los gastos médicos.

Con este cambio, basta una declaración jurada para obtener el derecho a la sanidad pública, el cual, además, no caducará nunca, eliminando las revisiones de permanencia que se realizaban anteriormente cada dos años.

Prueba de residencia mediante facturas y recibos

En los casos en los que el extranjero ilegal no esté empadronado, la administración estará obligada a aceptar otros medios de prueba para demostrar que reside en el país. El decreto establece que las comunidades autónomas deben dar por válidos documentos como:

• Certificados de escolarización de hijos en centros públicos.
• Facturas de suministros básicos como luz, agua, gas o internet.
• Informes de servicios sociales o registros de visitas previas a centros de salud.

Esta «barra libre» administrativa ha despertado críticas debido a la dificultad que supondrá para los funcionarios comprobar la veracidad de dichos documentos, lo que podría facilitar que personas que acaban de entrar ilegalmente al territorio nacional accedan al sistema de forma inmediata.

El impacto económico en las comunidades autónomas

La medida ha sido recibida con fuertes críticas por parte de la oposición, especialmente desde el Partido Popular (PP), quienes denuncian que el Ejecutivo central impone un gasto millonario a las autonomías sin haber realizado un análisis del impacto económico. El gasto sanitario recae directamente sobre los presupuestos regionales, y se teme que esta apertura total agrave la situación de las listas de espera, que ya se encuentran en cifras récord.

Desde diversos sectores se señala que esta normativa «convierte la ilegalidad en un derecho», al no incluir mecanismos de control sobre el coste que supondrá atender a miles de personas que no han cotizado al sistema. El debate se centra en si el SNS puede soportar esta carga adicional mientras los profesionales sanitarios denuncian estar saturados y los recursos son limitados.

Ampliación de derechos para españoles residentes fuera

Como contrapartida técnica, el Real Decreto también contempla la extensión de la asistencia sanitaria pública a los españoles de origen que viven en el extranjero y se encuentran temporalmente en España. Anteriormente, este beneficio estaba restringido a ciertos colectivos como pensionistas o trabajadores desplazados, pero ahora se amplía a todos los nacionales de origen y sus familiares directos (cónyuges e hijos), garantizando su atención durante sus visitas al país.

A pesar de las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, el Gobierno defiende que esta medida es una cuestión de «humanidad» y salud pública, asegurando que la intención es no dejar a nadie fuera del circuito asistencial, independientemente de cómo haya entrado en el país o de su situación legal frente a la Ley de Extranjería.