Gregorio Ordóñez: cuando ETA decidía quién tenía derecho a seguir vivo en España
Hay que recordar los hechos porque durante demasiado tiempo se ha utilizado un lenguaje diseñado precisamente para evitar llamarlos por su nombre.
Gregorio Ordóñez no murió en «un conflicto».
No falleció accidentalmente.
No fue víctima de dos bandos enfrentados.
ETA lo asesinó.
El dirigente del Partido Popular fue tiroteado el 23 de enero de 1995, mientras comía en el bar La Cepa de San Sebastián.
Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 30 años de prisión para cinco antiguos jefes de ETA por su presunta responsabilidad mediata en aquel asesinato. Además reclama una indemnización de 200.000 euros para la familia, responsabilidad que compartirían con los tres terroristas ya condenados por el crimen.
La importancia del procedimiento es enorme.
Por primera vez se intenta determinar judicialmente la responsabilidad de quienes supuestamente mandaban desde arriba, y no únicamente de quienes ejecutaban materialmente los atentados.
Cinco antiguos dirigentes
Los acusados son:
Mikel Albisu, «Mikel Antza»; Ignacio Gracia Arregui, «Iñaki de Rentería»; Juan Luis Aguirre Lete, «Isuntza»; Julián Achurra, «Pototo»; y José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri».
La Fiscalía solicita para ellos una pena de 30 años.
La acusación sostiene que la dirección de ETA se reorganizó después de la operación policial de Bidart de 1992 y puso en marcha una nueva estrategia destinada a incrementar el impacto político, institucional y social del terrorismo.
Ya no bastaba con atacar a policías, guardias civiles o militares.
Había que golpear también a quienes tuviesen relevancia política, académica, periodística o judicial.
Dicho de otra forma:
había que aterrorizar a la sociedad.
Seleccionar a una persona para matarla
La expresión que recoge el escrito fiscal debería helar la sangre.
Según la acusación, la cúpula de ETA «seleccionó el objetivo» y dio la orden de asesinar a Gregorio Ordóñez.
Párense en lo que significa.
Unos hombres se reúnen.
Analizan nombres.
Valoran intereses políticos.
Y determinan qué ciudadano debe dejar de existir.
Eso era ETA.
No romanticismo.
No una guerra de liberación.
No jóvenes idealistas luchando contra Franco.
Una organización terrorista que, veinte años después de la muerte de Franco, decidía qué representante elegido democráticamente merecía recibir un tiro.
En 1995 no estaba Franco
Ésta es una fecha que debería repetirse continuamente.
1995.
Franco había muerto en 1975.
Habían transcurrido veinte años.
España tenía Constitución desde 1978.
Elecciones generales.
Elecciones autonómicas.
Parlamento Vasco.
Estatuto de Autonomía.
Ayuntamientos democráticos.
Partidos legales.
Prensa libre.
Y Gregorio Ordóñez era concejal porque ciudadanos vascos habían votado por él.
ETA decidió matarlo de todos modos.
Por eso resulta indecente utilizar eternamente el franquismo como coartada explicativa del terrorismo posterior.
Gregorio Ordóñez no era un gobernador franquista.
Era un representante democrático.
Lo asesinaron en democracia por hacer política democrática.
Lo vigilaron antes de matarlo
La planificación está bien documentada.
Según la Fiscalía, «Kantauri» habría transmitido al comando Donosti la orden de asesinar a Ordóñez durante las Navidades de 1994.
La decisión habría llegado posteriormente a miembros del comando, entre ellos «Txapote», Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte.
Después vino la vigilancia.
Se estudiaron los movimientos y rutinas de Ordóñez.
Había que saber cuándo estaba vulnerable.
Dónde comía.
Cómo se movía.
Dónde podían acercarse.
Hasta que localizaron el momento.
El bar La Cepa estaba a apenas 23 metros de su domicilio.
Allí estaba comiendo con compañeros del Partido Popular.
Y allí lo asesinaron.
Eso se llama mafia terrorista
El procedimiento descrito resulta muy parecido al funcionamiento de cualquier estructura mafiosa.
Uno decide.
Otro transmite.
Otro vigila.
Otro proporciona información.
Otro ejecuta.
No basta entonces con detener al pistolero.
La cuestión jurídica que ahora plantea la Fiscalía es si puede demostrarse la responsabilidad penal de quienes presuntamente se encontraban en los niveles superiores de la organización.
Y ésa es una cuestión que tendrá que resolver el tribunal con las garantías correspondientes.
Pero la naturaleza política de ETA no debería seguir maquillándose.
Una organización que señalaba a ciudadanos, cobraba extorsiones y ordenaba asesinatos tenía un funcionamiento criminal y mafioso, aunque envolviera sus crímenes en banderas y comunicados políticos.
No eran soldados
Conviene también acabar con otra mistificación.
Un soldado combate a otro soldado.
Gregorio Ordóñez estaba comiendo.
No estaba armado.
No estaba en un frente.
No estaba atacando a nadie.
Le pegaron un tiro porque representaba una opción política que ETA quería eliminar.
Eso convierte al verdugo en terrorista y a Ordóñez en víctima.
No hay simetría.
La España democrática les permitía hablar; ellos respondían matando
Ésta es quizá la contradicción más repugnante.
España ya permitía defender ideas independentistas.
Había partidos nacionalistas.
Había autonomía política.
Había un Parlamento vasco.
Se podía exigir la independencia sin disparar una sola bala.
ETA seguía matando.
Luego la violencia no era una obligación impuesta por la ausencia de cauces democráticos.
Era una elección.
Y la elección consistía en eliminar físicamente al adversario que no se sometiera.
Y después el mundo político sobrevivió a ETA
ETA dejó finalmente las armas.
Y eso fue una victoria de la democracia.
Quien abandona la violencia y acepta las urnas debe poder participar en política dentro de la legalidad.
Pero una cosa es reintegrarse en la democracia y otra completamente distinta es reescribir el pasado hasta conseguir que nadie parezca responsable de nada.
Gregorio Ordóñez sigue muerto.
Miguel Ángel Blanco sigue muerto.
Fernando Buesa sigue muerto.
Francisco Tomás y Valiente sigue muerto.
Y centenares de personas más siguen muertas.
La desaparición de ETA no resucitó a ninguna.
Por eso es fundamental establecer, siempre que todavía resulte jurídicamente posible, quién ordenó, quién organizó, quién decidió y quién ejecutó.
El problema no terminó en 1975
Ricardo Arana decía en otro artículo de este mismo diario algo especialmente pertinente: resulta «cinismo puro» recordar constantemente la sublevación contra la República mientras se olvidan todos los años del terrorismo vasco.
Exactamente.
Hay que recordar la dictadura.
Pero también 1995.
Porque en 1995 nadie podía alegar seriamente que estuviera luchando contra Franco.
Había una democracia española plenamente consolidada.
Y dentro de ella una organización terrorista decidió que determinados españoles podían ser asesinados.
Ésa es la mierda que no debe blanquearse.
País sólo había uno
ETA pretendía imponer mediante el terror que Euskadi fuese considerada una nación soberana enfrentada a un Estado extranjero llamado España.
Pero la realidad jurídica era y continúa siendo otra:
España es el Estado soberano. El País Vasco es una comunidad autónoma española.
Quien quiera modificarlo puede hacerlo políticamente.
Lo que hicieron los terroristas fue intentar modificarlo a tiros.
Y eso separa radicalmente al independentista democrático del terrorista.
Uno intenta convencer.
El otro intenta intimidar o matar.
Gregorio Ordóñez no aceptó que unos pistoleros decidieran qué podía pensar un vasco.
Pagó por ello con su vida.
La memoria democrática también incluye a los asesinados por ETA
Durante años una parte de la sociedad española tuvo que escuchar hablar de memoria histórica como si la historia terminara en 1975.
No.
La memoria democrática de España incluye también a aquellos que fueron asesinados por defender la propia democracia.
Incluye a los concejales obligados a llevar escolta.
A los empresarios extorsionados.
A los periodistas amenazados.
A los policías.
A los guardias civiles.
A los jueces.
A quienes tuvieron que abandonar su tierra.
Y a Gregorio Ordóñez.
Ana Iríbar, su viuda, sigue acudiendo a su tumba en el cementerio de San Sebastián.
Ésa es la realidad final del terrorismo.
No la épica.
No el comunicado.
No la pancarta.
Una tumba.
Y mientras quede alguna responsabilidad penal que pueda demostrarse, resulta perfectamente razonable que la Justicia intente determinar no solamente quién apretó el gatillo, sino también quién decidió que había que apretarlo.
Redacción. A 9 de agosto de 2026.
