La democracia en Marruecos: un régimen de cartón piedra peor que una dictadura sin urnas

La farsa institucional ha vuelto a escenificarse en Marruecos mediante una convocatoria electoral que no oculta la verdadera naturaleza de un Estado feudal disfrazado de modernidad. Votar en este escenario no es más que validar un decorado donde las decisiones ya están tomadas de antemano en el palacio real, mientras la inmensa mayoría de la población vive en lo que de facto funciona como una gigantesca prisión a cielo abierto de la que cualquiera con un mínimo de instinto de supervivencia desearía escapar.

El tablero político del reino alauita ha escenificado un supuesto vuelco tras la celebración de los comicios legislativos, aunque el dato verdaderamente demoledor no reside en el movimiento de escaños dentro del hemiciclo de Rabat, sino en el abrumador silencio de unas urnas desiertas. La jornada electoral concluyó formalmente con un 62% de abstención entre los ciudadanos inscritos, la cota de participación más baja anotada en los últimos 20 años. Más allá del reparto aritmético de sillones parlamentarios, la cita con el sufragio certifica un divorcio total entre la sociedad y una estructura autocrática que gestiona el territorio no como una nación soberana de ciudadanos libres, sino como una inmensa finca particular donde el pueblo llano permanece cautivo.

El Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), una formación de corte liberal y estrechamente vinculada al entorno directo de palacio, se ha erigido en el vencedor aritmético de los comicios. Sin embargo, su triunfo se asienta sobre un suelo institucional en ruinas, marcado por el desapego popular y la deserción masiva de las nuevas generaciones, que han optado por ignorar un paripé incapaz de maquillar la miseria económica, la asfixia civil y la constante represión cotidiana.

Un proceso sin credibilidad: el laberinto del censo electoral y la farsa democrática

Para calibrar la dimensión real de la deserción ciudadana es imprescindible desgranar los mecanismos restrictivos que articulan el proceso de votación en Marruecos. A diferencia de los marcos representativos donde la condición de mayor de edad incorpora de forma automática al ciudadano en el censo electoral, el sistema alauita impone la obligación de un registro burocrático previo para poder acudir a depositar una papeleta. Este requisito opera como un filtro que falsea intencionadamente las estadísticas oficiales de participación:

• Únicamente el 60% de los nacionales que contaban con edad y facultades legales para votar completaron en su día el trámite de inscripción.
• El censo definitivo quedó integrado por cerca de 16 millones de personas registradas.
• De ese colectivo formalmente inscrito, solo el 38% acudió efectivamente a las urnas el día de la votación.
• Al contrastar el número de sufragios reales con la totalidad de la población de Marruecos mayor de 18 años, la participación real se desmorona por debajo del 25%.

Estos guarismos revelan una verdad incuestionable: más de tres cuartas partes de la ciudadanía adulta repudiaron el proceso electoral. Ni siquiera seis de cada diez inscritos acudieron a los colegios, dejando claro que la población es plenamente consciente de la inutilidad de introducir papeletas en un régimen donde el parlamento carece de soberanía efectiva. La pantomima electoral solo sirve para alimentar una ficción cosmética ante la comunidad internacional, mientras el poder absoluto sigue concentrado en las manos del monarca y su camarilla cortesana.

La deserción de la juventud: el vacío de la generación que protestó en las calles

El elemento más ilustrativo de la bancarrota moral del sistema marroquí se localiza en la franja demográfica más joven, un sector crucial en un país cuya pirámide poblacional cuenta con una base abrumadoramente juvenil. Los datos oficiales del registro electoral constatan una anomalía aplastante:

• De los cerca de 16 millones de electores formalmente inscritos, apenas un 4% correspondía a jóvenes de entre 18 y 24 años.
• Este ínfimo porcentaje engloba a la totalidad de quienes alcanzaban la edad legal para ejercer el voto por primera vez en esta convocatoria.
• La abrumadora mayoría de los jóvenes en edad de votar optó por no molestarse en tramitar la inscripción censal.

Esta renuncia no responde a la apatía, sino a la más absoluta desesperanza. Apenas un año antes de estos comicios, las calles de las principales ciudades marroquíes fueron escenario de semanas de intensas protestas protagonizadas por esta misma juventud. Aquellas movilizaciones exigieron medidas contundentes contra la corrupción endémica, mejoras urgentes en las maltrechas redes de educación y sanidad públicas, y oportunidades laborales reales frente a la asfixia del coste de la vida. Al constatar que el régimen responde únicamente con indiferencia y blindaje institucional, la respuesta de las nuevas generaciones ha sido darle la espalda de manera tajante a la mascarada electoral.

El ascenso del «tractor»: el PAM y el férreo control cortesano de palacio

En el reparto interno de escaños, la victoria correspondió al PAM, la fuerza identificada por el logotipo del «tractor» que acumula 18 años de trayectoria al servicio incondicional de los intereses de la monarquía. La formación se hizo con 97 diputados, sumando 10 escaños respecto a su resultado de 2021 y desbancando a sus socios en el ejecutivo.

La génesis de este partido explica con total nitidez su función dentro del aparato de dominación alauita. La formación fue fundada y diseñada directamente por Fuad Ali Hima, figura capital del régimen y consejero personal del rey Mohamed VI desde 2011. Durante la última legislatura, el PAM formó parte sustancial de la coalición de gobierno, afianzando un entramado de favores y redes clientelares que le ha permitido capear el desplome electoral sufrido por el resto de formaciones gubernamentales.

En las filas del partido vencedor destacan dos perfiles que se barajan para ocupar la jefatura del nuevo gabinete:

• Fátima Ezzahra El Mansouri, alcaldesa de Marrakech y ministra en el gabinete saliente, considerada una de las figuras de mayor confianza dentro de los círculos cortesanos.
• Fouzi Lekjaa, también ministro en la pasada legislatura y presidente de la Real Federación Marroquí de Fútbol, un cargo de alta visibilidad pública que combina deporte, propaganda e influencia política.

No obstante, los mecanismos para concretar el futuro gobierno evidencian la subordinación absoluta de la política a los caprichos del palacio. Aunque formalmente el rey Mohamed VI deba designar al jefe de gobierno entre los miembros del partido con mayor representación, la legislación no fija ningún plazo temporal vinculante. El monarca maneja los calendarios y las negociaciones con total discrecionalidad, reteniendo intacta su potestad para modular los equilibrios del poder y reservarse el control directo sobre los ministerios estratégicos y de soberanía.

El desplome del oficialismo y el rearme de la oposición islamista

El castigo popular por el deterioro socioeconómico impactó con dureza en la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), formación liderada por los sectores tecnocráticos y oligárquicos que hasta ahora presidía el consejo de ministros. El RNI sufrió un descalabro monumental al perder la primera plaza y dejarse 36 escaños en el camino, quedando relegado a la segunda posición con apenas 66 diputados, lo que equivale a la pérdida de un tercio de su representación previa.

Por su parte, el histórico Istiqlal, de orientación conservadora nacionalista y tercer integrante del bloque gobernante, retuvo la tercera posición en el hemiciclo, aunque resignando 16 parlamentarios frente a sus marcas de hace cinco años.

La correlación de fuerzas de la coalición saliente refleja un balance profundamente deteriorado:

• Aritméticamente, la alianza entre el PAM, el RNI y el Istiqlal continúa superando el umbral de los 198 escaños fijado para la mayoría absoluta parlamentaria.
• Sin embargo, el cómputo global de las tres fuerzas constata una pérdida conjunta de 42 diputados respecto a los comicios anteriores.
• La agresividad exhibida durante la campaña electoral, repleta de ataques y descalificaciones directas entre el PAM y el RNI, augura un mandato plagado de inestabilidad y desconfianza mutua.

En este escenario de degradación del bloque gubernamental, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) logró rentabilizar el descontento de las clases populares. La formación islamista, que sufrió una estrepitosa debacle en 2021 tras una década al frente del ejecutivo, recuperó terreno al alzarse con 54 diputados, lo que representa una ganancia neta de 41 escaños.

El resurgimiento del PJD responde a su papel como principal canalizador del voto de castigo, respaldado por una base militante disciplinada y por su frontal oposición a la normalización de relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. La formación se ha colocado al frente de las movilizaciones callejeras de solidaridad con Palestina y Líbano, y su dirección ha descartado cualquier pacto de gobernabilidad con el PAM, perfilándose como la principal fuerza contestataria en el parlamento.

Asfixia social e hipocresía moral en una prisión a cielo abierto

Detrás del reparto formal de actas parlamentarias subyace una crisis social devastadora provocada por una inflación descontrolada. El encarecimiento de los bienes básicos de consumo, junto con la escalada en las tarifas de los combustibles y el suministro eléctrico, ha llevado a millones de hogares a una situación de precariedad insostenible que ningún subsidio estatal ha sido capaz de aliviar.

Pero la tragedia marroquí trasciende lo material. El país funciona en la práctica como una gigantesca cárcel donde los derechos fundamentales brillan por su ausencia, conformando un entorno especialmente opresivo para las mujeres, las niñas y las minorías sexuales. La legislación castiga con penas de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo, manteniendo una persecución legal implacable contra la comunidad homosexual mientras en los salones de la corte alauita se tolera y protege la vida privada y los hábitos disolutos de las altas esferas, encarnados en la figura de un monarca ausente que pasa largas temporadas fuera de su propio reino disfrutando de lujos vetados para sus súbditos.

La situación es de tal desesperanza y desprotección que miles de familias marroquíes prefieren enviar a sus propios hijos menores a la aventura de cruzar la frontera hacia España, asumiendo el riesgo inmenso de que sus hijas sufran agresiones o abusos en el trayecto, antes de condenarlas a pudrirse en el callejón sin salida que representa su propia tierra. Saben que permanecer en su país equivale a una condena perpetua de miseria, sumisión y anulación de cualquier aspiración de libertad personal.

La instrumentalización de Ceuta y el silencio cómplice del socialismo español

Esa angustia vital de una población asfixiada es utilizada sin escrúpulos por el régimen alauita como un arma geopolítica de presión recurrente. Cada vez que Rabat necesita forzar concesiones diplomáticas o financieras, abre los diques fronterizos y lanza a miles de personas vulnerables y menores de edad contra las vallas de Ceuta y Melilla, convirtiendo el drama humano en una palanca de chantaje contra la soberanía española. Frente a esto, las tímidas alusiones durante la campaña electoral a los supuestos «derechos históricos» marroquíes sobre las dos ciudades autónomas no son más que cortinas de humo para desviar la atención de sus propias quiebras internas, mientras dirigentes como Fátima Ezzahra El Mansouri se llenan la boca reclamando relaciones «de alto nivel» con España.

Este sometimiento continuado de las fronteras españolas no se explicaría sin la complicidad activa y el vergonzoso silencio de la clase política socialista española. Durante décadas, figuras prominentes del PSOE, desde la etapa de Felipe González hasta la influencia prolongada de José Bono, han tejido una turbia red de intereses, propiedades inmobiliarias y relaciones de conveniencia en territorio marroquí. Su condescendencia ante los atropellos de Rabat y su complacencia ante las sucesivas crisis en Ceuta responden a esos oscuros vínculos con un sistema feudal donde la mano de obra vive en condiciones de servidumbre total. Callan y ceden ante el chantaje alauita porque en ese régimen de castas sus privilegios quedan garantizados a costa de la miseria del pueblo marroquí.

La farsa electoral recién concluida no oculta la cruda realidad: Marruecos no es un país soberano de ciudadanos libres, sino una enorme propiedad privada donde sus habitantes viven prisioneros de la autocracia, deseando escapar a cualquier precio mientras una oligarquía corrupta y sus socios occidentales perpetúan el engaño democrático.