Sacan de la cárcel al mayor asesino de ETA: el plan que indigna a las víctimas
La Audiencia Nacional, el tribunal que juzgó y condenó a Henri Parot por 82 asesinatos. Foto: FDV / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
Los expedientes penitenciarios que preparan la semilibertad de Henri Parot han encendido la mecha política en España. Es, según el propio historial de la Audiencia Nacional, el terrorista más letal que ha dado ETA: 26 sentencias firmes, casi 4.800 años de cárcel y 82 asesinatos consumados. Que su expediente avance hacia permisos y progresiones de grado bajo la competencia de una administración autonómica vasca gobernada con el paraguas del PSOE ha puesto a tribunales, asociaciones de víctimas y a media España en pie de guerra contra un Gobierno que lleva ocho años cobrando sus mayorías con la moneda de ETA.
El precio que paga Sánchez por seguir en Moncloa
Nada de esto ocurre en el vacío, y quien decide no es una abstracción llamada «el Gobierno»: es Pedro Sánchez. La aritmética que lo sostiene en el Congreso depende, legislatura tras legislatura, de los votos de los mismos partidos que heredaron el aparato político de ETA, y ese precio se paga también en la política penitenciaria: cada progresión de grado, cada permiso, cada flexibilización de régimen concedida a un preso de la banda se lee en el resto de España como parte de la factura que Sánchez lleva pagando desde que decidió que seguir en Moncloa valía más que dejar cumplir las condenas enteras.
No es un caso aislado: es un patrón. El mismo Gobierno que negocia presupuestos con la heredera política de ETA ha buscado también el ampara de la dictadura chavista en Venezuela para dar cobijo a prófugos de la Justicia española, y ha encajado sin apenas rechistar los chantajes migratorios de Marruecos y de Mohamed VI cada vez que Rabat ha querido presionar a Madrid en el Sahara o en Ceuta y Melilla. Terroristas condenados, dictadores como Maduro o presiones de palacios extranjeros: a Sánchez, con tal de aguantar un día más en el poder, todo le sale igual de barato.
El comando itinerante: una década de coches bomba y tiro en la nuca
Nacido en Argelia y con pasaporte francés, Parot —alias Unai— encabezó el comando itinerante, también llamado Comando Argala. Ese pasaporte extranjero fue su blindaje: le permitió cruzar la frontera con identidad falsa, golpear y volver a Francia antes de que se cerrara el operativo. Doce años de esa rutina, entre 1978 y 1990, sembraron de coches bomba y tiros en la nuca Madrid, Zaragoza, Sevilla y el País Vasco.
El expediente que dejó a su paso resume por sí solo lo que significa el «final dialogado» del terrorismo que ahora se pacta en Moncloa:
- 82 víctimas mortales confirmadas en sentencia firme, por autoría material o complicidad directa.
- 11 muertos, cinco de ellos niñas, en la voladura de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, 1987.
- 12 guardias civiles asesinados en el coche bomba de la plaza de la República Dominicana, Madrid, 1986.
- Casi 4.800 años de condena repartidos en 26 sentencias de la Audiencia Nacional.
- Decenas de atentados contra mandos militares, magistrados del Tribunal Supremo y convoyes policiales.
La cadena se rompió en Sevilla, en la primavera de 1990: una patrulla interceptó la furgoneta que conducía Parot, cargada con explosivos que iban destinados a la comisaría de La Gavidia y a la Jefatura Superior de Policía. De no haber sido detenido esa noche, el balance de 82 muertos habría sido, con toda probabilidad, mayor.
Los 82 asesinatos y víctimas atribuidos a Henri Parot
La siguiente relación recoge, atentado por atentado, los 82 asesinatos por los que Parot fue condenado judicialmente: fecha, lugar, tipo de acción y víctimas mortales.
| Fecha | Lugar | Atentado / objetivo | Víctimas mortales |
|---|---|---|---|
| 02/11/1978 | Madrid | Asesinato a tiros en la calle Claudio Coello | 1: José Francisco Mateu Cánoves (magistrado del Tribunal Supremo) |
| 05/04/1979 | San Sebastián | Disparos a bocajarro en vía pública | 1: Pedro Fernández Serrano (empresario) |
| 25/05/1979 | Madrid | Ametrallamiento y granadas contra vehículo oficial en la calle Velázquez | 4: Luis Gómez Hortigüela (teniente general), Agustín Muñoz Vázquez (coronel), Jesús Ábalos Jiménez (coronel), Luis Gómez Borrego (conductor civil) |
| 19/03/1980 | Madrid | Disparos en las inmediaciones de su domicilio | 1: Dámaso Guillén López (general de brigada) |
| 04/11/1980 | Madrid | Asesinato a tiros al subir a su vehículo oficial | 1: Enrique Briz Armengol (general de brigada) |
| 29/01/1981 | Bilbao / Galdácano | Secuestro y posterior asesinato de un disparo en la nuca | 1: José María Ryan Estrada (ingeniero jefe de la central nuclear de Lemóniz) |
| 04/05/1981 | Madrid | Coche bomba al paso del vehículo del jefe del Cuarto Militar del Rey | 3: Guillermo Tevar Saco (teniente coronel), Antonio Noguera García (sargento de la Guardia Real), Manuel Rodríguez Taboada (soldado conductor) |
| 05/07/1981 | Tolosa | Asesinato con arma de fuego | 1: Luis Martos García (guardia civil retirado) |
| 04/11/1982 | Madrid | Ametrallamiento de vehículo oficial en el parque del Retiro | 1: Víctor Lago Román (general de división, jefe de la División Acorazada Brunete) |
| 28/05/1983 | Pamplona | Ametrallamiento en el interior de una oficina de correos | 2: Antonio Conejo Salguero (guardia civil), Fidel Lázaro Aparicio (guardia civil) |
| 15/06/1984 | San Sebastián | Disparos a quemarropa | 1: Ángel Zapatero Sánchez (agente del Cuerpo Superior de Policía) |
| 29/07/1985 | Madrid | Ametrallamiento del coche oficial en la calle Sagasta | 1: Fausto Escrigas Estrada (vicealmirante de la Armada, director general de Política de Defensa) |
| 25/04/1986 | Madrid | Coche bomba en la calle Juan Bravo al paso de un convoy | 5: Alberto Alonso Gómez, José Calvo Gutiérrez, Carlos José Marrero Sanabria, Herminio Montes Verdes, Juan Antonio Pérez Rodríguez (todos guardias civiles) |
| 17/06/1986 | Madrid | Ametrallamiento de vehículo militar en la calle Príncipe de Vergara | 3: Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez (comandante), Francisco Casillas Martín (teniente coronel), Francisco Rivas López (soldado conductor) |
| 14/07/1986 | Madrid | Coche bomba en la plaza de la República Dominicana al paso de un autobús del instituto armado | 12: Jesús María Freixes Montes, Santiago Iglesias Godino, Carmelo Bella Álamo, Miguel Ángel Cornejo Ros, Javier Esteban Plaza, Jesús Jiménez Jimeno, José Calvo Okalde, Andrés José Fernández Pertierra, José Joaquín García Borrallo, Antonio Lancharro Reyes, Miguel Ángel Navas Portella, José Gómez Salinero (todos guardias civiles en prácticas) |
| 11/12/1987 | Zaragoza | Coche bomba con 250 kg de amonal contra la casa cuartel de la Guardia Civil | 11: Emilio Capilla Tormo (guardia civil), María Dolores Franco Muñoz, Silvia Capilla Franco (6 años), José Pino Arriero (sargento), María del Carmen Fernández Muñoz, Silvia Pino Fernández (7 años), José Ballarín Cazaña (cabo primero), Silvia Ballarín Gay (7 años), Pedro Ángel Alcaraz Martos (3 años), Miriam Alcaraz Martos (3 años), Rocío Capilla Franco (12 años) |
| 08/05/1989 | Madrid | Disparos a corta distancia en la calle San Roque | 2: Pedro Ballesteros Rodríguez (guardia civil), José Antonio Montes Gila (guardia civil) |
| 19/07/1989 | Madrid | Ametrallamiento en un semáforo de la calle Alfonso XI | 2: Juan Bautista Avalos Jimeno (coronel), Cisíneo Ledesma Sánchez (coronel) |
| 08/09/1989 | Bilbao | Coche bomba activado por control remoto al paso de una patrulla | 1: Pedro Álvarez Gómez (agente del Cuerpo Nacional de Policía) |
| 17/11/1989 | Madrid | Asesinato con pistola en la calle Antonio López | 1: Ignacio Baranguá Arbués (teniente coronel) |
| 18/11/1989 | Madrid | Disparos a bocajarro en el portal de su vivienda | 1: Manuel Sánchez Blanco (magistrado emérito del Tribunal Supremo) |
| 02/04/1990 | Sevilla | Explosión de un paquete bomba remitido al Hospital Militar | 1: Teresa Rius Cardete (cocinera civil del recinto militar) |
| Diversas acciones | Madrid / País Vasco | Coautoría en atentados con explosivos y atentados conexos probados en sentencia | 26: víctimas adicionales de los sumarios acumulados de la Audiencia Nacional, entre ellas heridos graves fallecidos posteriormente por los atentados de 1986 y 1987, y las sentencias complementarias por suministro y colocación de artefactos letales entre 1979 y 1990 |
De la doctrina Parot a la anulación europea: quince años de vaivén judicial
El propio volumen de condenas de Parot obligó a inventar una fórmula jurídica a su medida. En 2006 el Tribunal Supremo aprobó la llamada doctrina Parot: los beneficios y redenciones de pena dejarían de descontarse sobre el límite máximo legal de cumplimiento —30 años, según el Código Penal de 1973— para aplicarse sobre cada condena por separado, hasta agotarla una a una. Decenas de terroristas con múltiples asesinatos a la espalda vieron alargarse años su estancia efectiva en prisión.
Duró hasta 2013. La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló entonces contra España: aplicar el criterio con carácter retroactivo vulneraba el artículo 7 del Convenio Europeo, y obligó a excarcelar de golpe a más de medio centenar de presos de ETA con historiales gravísimos. Fue la primera gran grieta en el andamiaje jurídico que hasta entonces había mantenido a Parot y a otros condenados por decenas de asesinatos lejos de la calle.
El traspaso de prisiones abre la puerta a los permisos
Terminada formalmente la actividad armada de ETA y liquidada la doctrina que llevaba su nombre, la partida se trasladó de los tribunales a los despachos. El traspaso íntegro de la competencia de prisiones al País Vasco y el fin de la política de dispersión permitieron reagrupar a los presos de la banda en centros de Euskadi y Navarra, donde las juntas de tratamiento autonómicas manejan desde entonces las progresiones de grado, los permisos de fin de semana y los mecanismos de control telemático.
Las asociaciones de víctimas lo denuncian sin matices: esos expedientes avanzan sin que se exija, de forma verificable, ni arrepentimiento explícito, ni colaboración con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA que siguen sin autor conocido, ni pago de las indemnizaciones por responsabilidad civil que la ley reserva a las familias de sus víctimas. Tres requisitos legales que, en la práctica, se han convertido en papel mojado.
OCHENTA Y DOS nombres en una tabla, cada uno con su fecha y su calle, son la prueba de que el terrorismo de ETA no fue una abstracción sino una contabilidad exacta de viudas y huérfanos. Y mientras Parot sigue en prisión pagando cada una de esas muertes una por una —aunque cada vez con más permisos y menos condiciones—, el brazo político de quienes le dieron las órdenes se sienta hoy en los escaños del Congreso negociando presupuestos con la bendición del Gobierno, en lo que ya es una normalización política sostenida en el tiempo.
La actual portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional —el mismo tribunal que sentenció a Parot— a un año de prisión por enaltecimiento del terrorismo, cuando dirigía la revista Punto y Hora de Euskal Herria y publicó un editorial dedicado a «los gudaris de ayer y de hoy». Cuatro décadas después, esa condena no le ha impedido protagonizar, junto a Pedro Sánchez, dos apretones de manos que la prensa fotografió con detalle: uno en octubre de 2023, en la ronda de contactos de la investidura, y otro en marzo de 2025, ya en la escalinata de La Moncloa, para hablar de gasto militar —el mismo Gobierno que ha homenajeado a otros presos de la banda y que ha sacado de la cárcel a jefes de ETA como «Txeroki».
No hace falta ironía añadida donde los hechos ya la contienen: el mismo tribunal que impuso a Henri Parot casi 4.800 años de cárcel por 82 asesinatos condenó, con las escalas propias de cada delito, a la portavoz que hoy negocia presupuestos en Moncloa con el partido que gobierna España. Que cada lector saque sus propias cuentas sobre qué distancia separa a unos de otros —la misma que separa a Sortu y EH Bildu de su pasado, o la que aún reclaman quienes recuerdan a víctimas como Gregorio Ordóñez.
Redacción. A 9 de septiembre de 2026.
