La normalización bilduETArra de la mano del PSOE de Sánchez

El panorama político y judicial actual arrastra las consecuencias de una estrategia de apaciguamiento que, lejos de certificar la derrota absoluta de la banda terrorista ETA, permitió una salida airosa a una organización que se encontraba al borde del colapso operativo. La narrativa oficial insiste en vender un fin modélico de la violencia para desviar la atención de las responsabilidades y la corrupción política, construyendo una mentira organizada. Esta ficción ideologizada busca maquillar un legado de cesiones que ha otorgado legitimidad y permanencia al proyecto nacionalista radical, permitiendo que las estructuras herederas de la banda sigan vivas, activas y rindiendo homenajes públicos, mientras se aplica una política de vaciamiento de penas en el País Vasco.

El colapso operativo que se evitó en los despachos

A principios de siglo, los informes de Inteligencia de las fuerzas de seguridad reflejaban una realidad incontestable: la estructura de la organización terrorista sufría un colapso irreversible e incapaz de regenerarse debido a las constantes desarticulaciones operativas en España y Francia. En el año 2004, la gran mayoría de los integrantes de la banda criminal consideraba el terrorismo como un lastre insostenible que solo se mantenía como moneda de cambio para lograr una salida más o menos airosa.

La aplicación previa de una eficaz política antiterrorista global y sin concesiones, que incluyó la ilegalización de su frente político, demostró que el aislamiento social y la asfixia jurídica conducían al fin de la impunidad. Sin embargo, el cambio de rumbo gubernamental interrumpió este proceso de descomposición. En lugar de permitir el colapso definitivo del terrorismo por la vía de la justicia criminal, se activó una vía conciliatoria que actuó como un balón de oxígeno. Se impidió deliberadamente un final por KO político y moral, transformando la debilidad extrema de los criminales en una posición de ventaja institucional.

El blanqueo de Bildu y la sumisión del Estado

El principal triunfo táctico de la estrategia terrorista no consistió en lograr sus objetivos máximos inmediatos, sino en convertirse en un actor imprescindible para la liquidación de la propia violencia que ellos generaban. A través de mediadores internacionales y mesas de diálogo disfrazadas de procesos de paz, se brindó una legitimación pública que fortaleció al entorno radical ante la opinión pública. El hito fundamental de esta entrega fue la fraudulenta legalización de EH Bildu, calificado por el Tribunal Supremo como parte de la estrategia de ETA y su testaferro.

Esta maniobra permitió a la izquierda abertzale rentabilizar electoralmente el cese de los atentados sin la necesidad de asumir la derrota de su trayectoria, ni realizar una autocrítica real por su connivencia con la violencia. De este modo, los herederos de la estrategia del terror consiguieron dar la vuelta al teatro de operaciones, pasando de una presunta derrota a una demostración de fuerza que los ha convertido en socios privilegiados de un Gobierno central rehén de sus votos. Hoy en día, estos partidos difunden y socializan el discurso de legitimación del terror hasta el punto de convertirlo en memoria social aceptada.

Terceros grados y excarcelaciones con condenas milenarias

La materialización más evidente de esta impunidad se libra hoy en la gestión de la política penitenciaria en el País Vasco. El Ejecutivo autonómico, que asumió las competencias en Administración Penitenciaria en octubre de 2021, continúa con una polémica concesión sistemática de terceros grados a los miembros más significativos de la organización terrorista. Las últimas resoluciones han puesto en la calle a dos históricos etarras que cumplen condena en la cárcel de Martutene y cuyas penas acumuladas superan los mil años de prisión: Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia.

Estas medidas no son hechos aislados, sino que se suman a las progresiones otorgadas apenas un mes antes a otros destacados integrantes de la banda armada, como Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias ‘Gadafi’, y Eneko Gogeaskoetxea. Para los colectivos de víctimas, estas decisiones administrativas constituyen un nuevo episodio de una amnistía encubierta que busca el vaciamiento efectivo de las condenas por la puerta de atrás.

El sangriento historial de los beneficiados por los beneficios penitenciarios

• Juan Antonio Olarra Guridi: Arrestado en Francia en el año 2002 junto a su pareja Ainhoa Múgica, fue jefe del aparato militar de ETA y líder de los comandos Donostia y Levante.
• Atentado en Madrid: Condenado por la Audiencia Nacional a 1.000 años de cárcel por el coche-bomba en la calle Corazón de María el 6 de noviembre de 2001, dirigido contra el subsecretario Juan Junquera, que causó 95 heridos.
• Atentado de Santa Pola: Reclamado judicialmente en 2024 por la autoría intelectual de la masacre de la casa cuartel en 2002, donde fueron asesinados Cecilio Gallego Alamino y la niña Silvia Martínez Santiago, de tan solo seis años de edad.
• Xabier Zabalo Beitia: Condenado a 25 años de prisión por delitos de estragos, lesiones, tenencia de armas y depósito de explosivos. Su tercer grado ya fue revocado por la Audiencia Nacional en marzo de 2025 tras un recurso de la Fiscalía, obligándole a regresar a prisión, pero la administración autonómica ha vuelto a impulsar su flexibilización.

A pesar de que el límite máximo de cumplimiento efectivo para Olarra Guridi fija su fecha de salida en el año 2036, la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario ya le permitía gozar de salidas diarias equivalentes a una semilibertad, una situación que ahora se consolida con el tercer grado autonómico.

El silencio sobre las grandes tragedias y la humillación a las víctimas

La consecuencia más dolorosa y perversa de mantener intacta la supuesta dignidad de los verdugos es la humillación constante e inevitable a sus víctimas. Para sostener la ficción del éxito gubernamental, el relato oficial necesita aplicar una amnesia selectiva que sepulte los episodios más negros de la historia criminal. Se silencian y minimizan de forma sistemática masacres cruentas, como el brutal atentado contra la casa cuartel de Vic, donde la explosión provocó la muerte de numerosos civiles, incluidos varios niños, en una demostración palmaria de crueldad infinita.

Mientras crímenes como los de Vic o Santa Pola se difuminan en el debate público y se dificulta el esclarecimiento de los centenares de asesinatos aún sin resolver, el entorno de la banda celebra con total impunidad homenajes públicos y manifestaciones de recibimiento a los terroristas excarcelados. Redes de apoyo como el colectivo Sare organizan movilizaciones en localidades como Villarreal de Urrechua para reivindicar a estos presos como héroes y agentes políticos, y no como criminales que deben rendir cuentas ante la Justicia por delitos gravísimos.

Esta dinámica consolida un fraude moral intolerable: el socialismo acepta el chantaje de quienes legitiman el asesinato de sus conciudadanos, asumiendo una hoja de ruta que antepone el interés partidista y el mantenimiento del poder a la dignidad de la nación. La memoria de las víctimas y la verdad histórica de décadas de resistencia han sido traicionadas para sustituir la deshonrosa realidad por una ficción ideologizada que sirve de escudo ante la degradación política del Estado de derecho.