El terrorista que se llama Memoria (y el Gobierno que ha decidido no tenerla)

HAY UN cuento de Borges sobre un muchacho oriental, Ireneo Funes, que tras una caída de caballo queda condenado a recordarlo todo: cada nube, cada mueca, cada tarde entera de su vida, sin que nada se le borre jamás. Funes el memorioso es una fábula sobre la memoria como castigo: quien no puede olvidar, escribe el argentino, apenas puede pensar, porque pensar es también descartar diferencias, generalizar, abstraer. El olvido, entiende cualquiera que haya llegado al final del relato, no es un defecto del alma sino una de sus condiciones de posibilidad.

Conviene tener presente a Funes —valga la ironía— al enterarse de que uno de los presos de ETA a quienes el Gobierno vasco (PNV y PSOE, en flagrante condominio) acaba de conceder la semilibertad se llama, o se hace llamar, Gogoan. Que en euskera viene a significar «en la memoria», «recordado». Nadie sabe si el apodo se lo puso él, un compañero de comando o el capricho de la propaganda abertzale, pero ahí está, escrito en todas las crónicas del suceso, como una broma que la realidad les gasta a los periodistas: el preso Memoria, excarcelado por el Ejecutivo del Olvido.

Los hechos, para quien no los recuerde —id est, para casi todo el mundo, que el olvido, decíamos, cunde—, son estos. José Juan García González, alias Gogoan y también Atutxo, fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional a dieciséis años de cárcel por colocar, en 2003, un artefacto explosivo con al menos quince kilos de cloratita en el hotel Los Tamarises de Getxo. La bomba estalló con el hotel ya evacuado —causó, dice la sentencia, «importantes daños materiales» y obligó a indemnizar a los propietarios con más de doscientos treinta mil euros; no hubo heridos, que para eso llegó a tiempo la policía y no a tiempo el artefacto—. Detenido en Angulema en 2007, condenado también en Francia a ocho años por pertenecer al aparato logístico de ETA, García González no cumplía siquiera, según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el tiempo mínimo de condena que la ley exige para acceder a esa suerte de tercer grado encubierto que es el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. No importó.

Explicarle al lector medianamente informado qué es el artículo 100.2 empieza a resultar casi ofensivo, de puro conocido que se ha vuelto: es el atajo —la palabra la usa el propio Covite, no un servidor— mediante el cual la Consejería de Justicia del Gobierno vasco concede a un recluso una semilibertad prácticamente indistinguible del tercer grado, con salidas diarias y doble actividad externa, sin necesitar el trámite ordinario ni, a menudo, sin que medie ese arrepentimiento «real, público y verificable» que exige, al menos sobre el papel, cualquier proceso de reinserción. Desde 2003 se ha aplicado ya a cincuenta y seis presos de ETA. Cincuenta y seis. Repítase el número despacio, que no defrauda.

Gogoan no llega solo: llega detrás de Garikoitz Aspiazu, Txeroki, antiguo jefe militar de ETA condenado a 377 años de cárcel, que salió de Martutene en semilibertad el pasado febrero; y de Soledad Iparragirre, Anboto, que abandonó la prisión el pasado abril pese a que la Fiscalía —el fiscal Carlos García Berro, en escrito remitido al magistrado José Luis Castro— advirtió de que aquello era, literalmente, un tercer grado «encubierto». La Fiscalía se opuso. El Gobierno vasco, no. Y aquel escrito, por cierto, ya avisaba de que este tipo de resoluciones, en manos de la Consejería, «desnaturalizan» la propia fórmula del 100.2.

¿Reinserción, dicen? ¿Hace falta explicar a estas alturas la diferencia entre reinsertar a alguien y limitarse a devolverlo a la calle antes de tiempo? ¿Cuántos permisos, cuántas salidas, cuánta hoja de servicios hace falta acumular para que a uno lo llamen «reinsertado» sin que nadie se ría? (La pregunta es retórica: con cincuenta y seis expedientes prácticamente idénticos, denuncia Covite, ya ni siquiera hace falta acreditar «de manera objetiva e individualizada» la circunstancia excepcional que la propia norma exige. Se ha convertido, dice la asociación de víctimas, en «vía recurrente». Recurrente: como quien coge el autobús.)

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite —que además sabe de esto por la vía más cara posible, la de haber enterrado a un hermano a manos de la organización cuyos antiguos cuadros salen ahora a la calle—, lo ha resumido sin necesidad de metáfora alguna, que para eso las gasta uno: no existe, ha dicho, «un arrepentimiento real, público y verificable», ni tampoco «una ruptura inequívoca» con el entorno que «justificó y legitimó durante décadas los crímenes de ETA». Sin esos requisitos, concluye, el 100.2 concedido a José Juan García González es «injustificado y fraudulento». Y añade algo todavía más incómodo para el tándem jelkide-socialista que gobierna en Ajuria Enea: que esta concesión confirma que la política penitenciaria vasca «no responde a verdaderos procesos de reinserción, sino a una estrategia sistemática de excarcelación progresiva» de los presos de la banda terrorista.

Vuelva uno, para terminar, a Funes. El personaje de Borges no podía olvidar nada: ni una sola hoja de un solo árbol en una sola tarde de su vida. Era, escribió el argentino, casi incapaz de ideas generales, «vertiginosamente rico en detalles», y sin embargo estéril: no vivía, propiamente, sino que recordaba. El Gobierno vasco ha resuelto el problema opuesto con una elegancia digna de mejor causa: no recuerda nada, ni los quince kilos de cloratita, ni los doscientos treinta mil euros, ni el hotel evacuado a toda prisa una tarde de 2003, ni las cincuenta y seis fichas idénticas que ya se amontonan en el cajón. Solo recuerda, y solo por unos meses, al preso que muy oportunamente se llama Memoria. Lo demás, que se olvide. Al fin y al cabo, para eso se ha convertido la excepción en costumbre.

Redacción. A 18 de agosto de 2026.