El caso ERE de Andalucía: 679 millones y la trama de comisiones que gobernó el PSOE durante 40 años

Diecinueve exaltos cargos de la Junta de Andalucía, dos expresidentes autonómicos y 679 millones de euros gestionados de forma ilegal componen la causa judicial más voluminosa de la democracia española: el caso de los ERE, instruido durante años por la jueza Mercedes Alaya y sentenciado por la Audiencia de Sevilla en noviembre de 2019 tras una instrucción de 1.821 páginas. El escándalo no nació de un puñado de corruptos aislados, sino de un cambio de procedimiento administrativo diseñado, según los hechos probados, para ganar «agilidad».

La Junta, gobernada por el PSOE-A de forma ininterrumpida entre 1978 y 2018, reclasificó el gasto en ayudas sociolaborales como «transferencias de financiación» al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego Agencia IDEA). El truco burocrático bastaba para esquivar el procedimiento ordinario de subvenciones: sin fiscalización previa de la Intervención General, sin bases reguladoras publicadas, sin que se acreditara la situación real de empresas ni beneficiarios. El dinero, a partir de ahí, se repartió como se quiso. El escándalo salpicó también al sindicato UGT, investigado en paralelo por la financiación irregular de sus actividades con fondos públicos.

El primer indicio surgió en el ERE de la empresa pública Mercasevilla, donde un militante socialista de Baeza cobraba una prejubilación sin haber pisado nunca la empresa. La revisión del expediente destapó que, de 235 beneficiarios de prejubilaciones entre 2001 y 2010, 71 eran «intrusos» sin relación laboral alguna: 12,3 millones de euros cobrados por gente que jamás trabajó donde decía haber trabajado. Otros 73,8 millones salieron por una vía distinta, como ayudas concedidas a empresas que ya estaban tramitando su propio ERE. Y la vía más lucrativa de todas, según los informes de la Guardia Civil, movió más de 50 millones en comisiones muy por encima del precio de mercado, pagadas a aseguradoras, consultoras, despachos de abogados y sindicalistas que hacían de intermediarios entre la Junta y los trabajadores beneficiarios. La instrucción nunca descartó que parte de ese dinero acabara en «coimas» a políticos y personas relevantes de la sociedad andaluza, compradas por su colaboración o su silencio.

La sentencia de 2019 condenó a los expresidentes José Antonio Griñán —por su etapa como consejero de Hacienda entre 2004 y 2009— y Manuel Chaves —presidente entre 1990 y 2009—, además del exdirigente Gaspar Zarrías, inhabilitado nueve años. El Tribunal Constitucional estimó en julio de 2024, por siete votos frente a cuatro, los recursos de amparo de varios de ellos: anuló por completo la inhabilitación de Chaves y devolvió el caso de Griñán a la Audiencia de Sevilla con la orden de rebajar la prevaricación y eliminar la malversación. El proceso, con todo, sigue judicializado casi tres décadas después de los primeros hechos, y fue la revelación de esa trama la que contribuyó de forma decisiva a que el PSOE perdiera en 2018 el gobierno de Andalucía frente a Juanma Moreno, tras cuarenta años ininterrumpidos en la Junta.

El mecanismo de fondo —cambiar un procedimiento para ganar «agilidad», retirar la fiscalización previa y concentrar la decisión en pocas manos— no es una pieza de museo judicial de los noventa. Este mismo periódico documentó hace apenas dos días cómo el Gobierno de Pedro Sánchez prepara un Real Decreto que pondrá a tres ministerios a decidir qué centros de datos pasan el filtro de permisos, informes y requisitos energéticos, bajo palabras que hoy suenan a «soberanía digital» y «eresiliencia» en lugar de a «agilidad». La lógica administrativa es idéntica: cuantos más informes hacen falta, cuantos más despachos tienen capacidad de bloquear o desbloquear un expediente, más puntos de poder aparecen sobre una inversión multimillonaria —y más fácil resulta, para quien controla esos puntos, convertirlos en un ambiente propicio a las comisiones.

NADIE ha demostrado, ni falta que hace para señalar el riesgo, que el decreto de los centros de datos vaya a acabar como acabó el IFA: convertido en canal de sobornos y comisiones a sindicalistas y despachos amigos. Pero tampoco hacía falta demostrarlo en 2001, cuando alguien decidió que clasificar el gasto de otra manera «agilizaba» las cosas. El PSOE que gobernó Andalucía cuarenta años no inventó la corrupción con un plan maestro firmado de una vez en un despacho; la fue fabricando y perfeccionando, expediente a expediente, cada vez que alguien con poder para decidir se quedó sin nadie por encima que le preguntara por qué. No es infrecuente en absoluto que la corrupción más duradera no vista de esmoquin ni de sobre marrón, sino de informe técnico y de firma en el margen derecho.

Griñán y Chaves gobernaron con el aval de un boletín oficial que nunca publicó las bases reguladoras; el Gobierno de hoy gobierna con el aval de una sostenibilidad que nadie se atreve a discutir. Cambia el ropaje, no el patrón: primero se crea la excepción al procedimiento normal, después se reparte esa excepción entre pocos, y solo al final —si acaso— llega la jueza que tarda veinte años en desenredar el ovillo. Se llame ERE o Real Decreto, la burocracia sigue siendo el disfraz favorito del poder que no quiere que lo miren.

Redacción. A 31 de agosto de 2026.