Sánchez dispara a 23.300 millones los contratos de defensa a dedo, récord absoluto desde que llegó a Moncloa

El Gobierno tramitó en 2025 contratos por valor de 23.339,59 millones de euros mediante el procedimiento negociado sin publicidad —lo que se conoce popularmente como licitación a dedo—, frente a poco más de 3.100 millones el año anterior. La cifra multiplica por diez el dato de 2018, el año en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, y fija un nuevo récord absoluto para su Ejecutivo, muy por encima incluso del pico registrado en 2020, cuando la pandemia disparó estas licitaciones exprés en plena pelea mundial por el material sanitario.

El disparo de gasto tiene un origen concreto. El verano pasado, los socios de la OTAN acordaron en La Haya elevar el umbral de gasto en defensa hasta el 5% del PIB a lo largo de la década, el mayor salto en la historia de la Alianza. Sánchez lo calificó entonces de «derroche» y apeló a la soberanía española para evitar un gasto «desproporcionado». España acabó firmando la declaración solo después de que el propio presidente arrancara al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, permiso para interpretar el pacto a su manera, comprometiéndose a alcanzar las capacidades militares acordadas sin necesidad de llegar al 5% del PIB. Lo que siguió, según los datos recogidos por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), fue un despegue del gasto en defensa que ha trastocado de lleno las dinámicas de la contratación pública.

Casi el 41% del dinero público licitado a nivel estatal en 2025 se asignó por esta vía exprés, frente a apenas el 7,8% del año anterior. Nunca antes en la era Sánchez se había llegado al umbral del 40%, ni siquiera durante la crisis del coronavirus. El órgano fiscalizador confirma que este fenómeno «sin precedentes» responde «casi exclusivamente a contratos licitados y adjudicados en el ámbito de la defensa».

Lejos de una batalla industrial abierta entre proveedores, el rearme exprés del Gobierno se está ejecutando mediante contratos a dedo que han acaparado tres grandes empresas en las que el Estado participa como accionista: el europeo Airbus, el Indra nacional y la naviera pública Navantia, que —de acuerdo con un informe de la consultora Opina 360, creada por el ex jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo— monopolizaron el 70,8% de los contratos de equipamiento adjudicados por el Ministerio de Defensa el año pasado.

El departamento que dirige Margarita Robles ha canalizado buena parte de esos fondos a través de los llamados Programas Especiales de Modernización (PEM). El pasado año llegó a asignar 27.987 millones —el 88% de su presupuesto— vía adjudicación directa, sin concurso, por el procedimiento negociado sin publicidad. La concentración de fondos en las tres grandes ha levantado ampollas en el sector: Santa Bárbara, filial española de la estadounidense General Dynamics, ha denunciado ante la Audiencia Nacional los megacontratos de artillería que Defensa adjudicó en 2025 a Indra y Escribano.

La prisa de Moncloa por comprometer el gasto ante sus socios atlánticos ha dejado otra anomalía en las estadísticas: el sector público estatal logró adjudicar en 2025 un insólito 93,75% del volumen económico que había sacado a licitación ese mismo año, el porcentaje más alto de toda la serie histórica, muy por encima del registrado a nivel autonómico (72%) o local (64%).

El procedimiento sin publicidad permite contratar obras, servicios o suministros sin concurso al uso, limitando la puja a unas pocas empresas —a veces a una sola—, lo que acarrea sobrecostes porque el Estado pierde su fuerza de negociación. La propia OIReScon ha constatado que en 2025 las licitaciones abiertas lograron un ahorro de hasta el 14% frente al presupuesto previsto por la Administración; en los contratos a dedo, el ahorro no llegó al 2,2%. Bruselas limita esta vía a situaciones excepcionales o a cuando solo existe una empresa capaz de realizar el encargo, y es por esa rendija —la de la «exclusividad técnica»— por la que se cuela la mayoría de los contratos a dedo en España. El Gobierno recurrió sistemáticamente en 2025 a estas cláusulas, al amparo de la seguridad nacional.

DERROCHE llamó Sánchez, hace justo un año, al plan atlántico de gastar en defensa con concurso público y factura visible. Lo que ha resultado más caro —y más opaco— ha sido gastarlo a su manera: por la puerta de atrás, sin pliegos ni competencia, al amparo de una seguridad nacional que todo lo excusa y nada lo explica. No es infrecuente en absoluto que quien más invoca la soberanía sea quien menos rinde cuentas de cómo la ejerce. Y no deja de ser una ironia, o mejor una redundancia, que sea precisamente Iván Redondo, quien fuera su hombre de confianza en la Moncloa, el que ahora factura los informes que miden, empresa a empresa, el reparto del botín que su antiguo jefe amasa y multiplica sin someterlo jamás a subasta.

Ni siquiera la pandemia, coartada perfecta para saltarse concursos en medio mundo, había dejado un porcentaje semejante de contratos sin publicidad. Ni siquiera entonces se adjudicó casi todo lo que se sacó a licitación, como ha ocurrido este año con ese 93,75% que ni las comunidades autónomas ni los ayuntamientos —tan denostados siempre por menos— se atreven a igualar. Quien invoca la soberanía nacional para no comprometerse con un porcentaje del PIB y luego bate el récord de opacidad al gastarlo, no defiende la soberanía: defiende el margen de quien reparte. Rearme, geopolítica, disuasión: llámese como se quiera. El contribuyente, que es quien paga el sobrecoste del negociado sin publicidad, tiene una palabra más corta para eso.

El disparo del gasto en defensa llega, además, en un contexto de récord histórico de deuda pública española.

Redacción. A 30 de agosto de 2026.