24 estados contra el arancel global de Trump
La administración de Donald Trump enfrenta un nuevo y masivo desafío legal tras el anuncio de un arancel global del 15%. Una coalición compuesta por 24 estados ha presentado una demanda formal ante el Tribunal de Comercio Internacional, alegando que el Ejecutivo está sobrepasando sus facultades constitucionales y legales para imponer gravámenes que afectan directamente a la economía doméstica y al comercio exterior.
Este movimiento jurídico surge apenas un mes después de que la Corte Suprema propinara un duro revés a una iniciativa similar, invalidando aranceles previos que se basaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. En aquel entonces, el máximo tribunal determinó que dicha ley no otorgaba al presidente la autoridad discrecional necesaria para imponer tales aranceles a escala global. Ante este bloqueo, la Casa Blanca ha recurrido ahora a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una maniobra que los estados demandantes califican como una aplicación indebida y desesperada de la normativa.
La interpretación de la Ley de Comercio de 1974 en disputa
El núcleo del conflicto reside en la interpretación técnica de la Ley de Comercio de 1974. Según la defensa de la administración, la Sección 122 permite al presidente establecer aranceles de hasta el 15% por un periodo de 150 días con el fin de abordar problemas fundamentales en la balanza de pagos internacionales. La intención del gobierno es que, una vez transcurrido ese periodo, estos gravámenes sean sustituidos por una autoridad arancelaria de mayor duración bajo una sección distinta de la misma ley, la cual permite aranceles permanentes tras investigaciones que suelen extenderse durante meses.
Sin embargo, la demanda presentada el pasado jueves argumenta que la lectura de la Casa Blanca es anacrónica y carece de sustento económico moderno. Los estados sostienen que:
- La disposición de la balanza de pagos fue diseñada para un sistema de tipos de cambio fijos (como el Patrón Oro).
- Dado que los Estados Unidos abandonaron dicho sistema hace más de medio siglo, los problemas de balanza de pagos que describe la ley ya no son aplicables en el contexto financiero actual.
- El uso de esta normativa para «trastocar el orden constitucional» representa un peligro para la estabilidad de la economía global.
El impacto en consumidores y pequeños negocios
La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, una de las voces líderes de la coalición, ha sido tajante al señalar que esta medida equivale a un aumento impositivo encubierto. Según la fiscalía, el presidente está ignorando tanto la ley como la Constitución para elevar los costes de manera efectiva sobre los consumidores y las pequeñas empresas. El argumento central es que el poder de imponer aranceles y regular el comercio exterior reside, por mandato constitucional, en el Congreso y no en el ala oeste de la Casa Blanca.
Mientras los estados luchan por detener la nueva medida, el impacto de las decisiones judiciales previas ya se está haciendo sentir. Tras el fallo de la Corte Suprema el mes pasado, las empresas han iniciado una carrera logística y legal para recuperar los fondos pagados bajo los aranceles invalidados. De hecho, un juez federal ordenó recientemente que la administración de Trump comience de inmediato con los reembolsos correspondientes a los gravámenes declarados ilegales.
La defensa de la Casa Blanca y la postura oficial
Desde el Ejecutivo, la respuesta ha sido de firmeza absoluta. El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, defendió la legalidad de la acción afirmando que el presidente está ejerciendo la autoridad otorgada por el legislativo para solucionar problemas de pagos internacionales y enfrentar los graves y persistentes déficits en la balanza comercial del país. «La administración defenderá vigorosamente la acción del presidente ante los tribunales», declaró Desai, subrayando que consideran la medida vital para la seguridad económica nacional.
Este enfrentamiento legal sitúa nuevamente a la política comercial de Estados Unidos en un territorio de incertidumbre. Por un lado, el gobierno busca herramientas para proteger la producción nacional mediante barreras arancelarias; por otro, casi la mitad de los estados de la unión denuncian que estas tácticas no solo son económicamente dañinas, sino que violan la separación de poderes al usurpar funciones legislativas bajo pretextos normativos obsoletos. El Tribunal de Comercio Internacional deberá decidir ahora si el arancel del 15% se mantiene vigente o si, al igual que su predecesor, termina siendo desmantelado por los tribunales.
