La CNMC de Sánchez busca justificar el cierre de Almaraz

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido elevar la presión sobre el sector energético español a niveles sin precedentes.

El organismo regulador, presidido por Cani Fernández y nombrado en su totalidad por el gobierno socialista de Sánchez, sumido en el «fango» de la corrupción, ha incoado un expediente de carácter muy grave contra la central nuclear de Almaraz e Iberdrola, en un momento crítico para la planta cacereña, que se encuentra en pleno proceso de revisión para la renovación de su licencia de explotación.

Esta acción administrativa se enmarca en una ofensiva mayor que suma ya 55 expedientes sancionadores contra las principales operadoras del país, tras las investigaciones derivadas del apagón masivo ocurrido el 28 de abril de 2025.

En este contexto, la apertura de expedientes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha generado una intensa corriente de opinión que vincula estas actuaciones con una estrategia para facilitar el cierre programado de la planta, sugiriendo una alineación de intereses entre el organismo regulador y la hoja de ruta del Gobierno de España.

No hay que olvidar que a estos miembros se les nombró en junio del 2020, y en menos de 3 meses dejarán sus puestos obligaroriamente.

La Comisión Nacional de los Mércados y la Competencia de Sánchez polémica desde su contitución

La actual conformación de la CNMC no puede analizarse sin el contexto de su nacimiento. Mientras España se encontraba bajo el confinamiento derivado del estado de alarma, el Gobierno procedió a la designación de estos cargos. Este movimiento fue visto por la oposición y diversos sectores de la sociedad civil como una estrategia de «hechos consumados» en un momento de mínima fiscalización parlamentaria y social.

La sombra de la corrupción que ha cercado a distintos niveles del Ejecutivo y su entorno familiar ha provocado que cada decisión del regulador sea analizada bajo una lupa de sospecha.

La neutralidad de la CNMC es vital para que las empresas operen en un marco de seguridad jurídica; sin embargo, la procedencia de sus miembros y el momento de sus nombramientos han generado una percepción de organismo tutelado.

Un expediente crítico para el futuro de la energía nuclear

La apertura del expediente contra Almaraz no es un trámite cualquiera. El regulador acusa formalmente a la planta de incumplir de forma reiterada sus obligaciones de disponibilidad y de reducir la producción de suministro sin la debida autorización. Lo relevante de esta sanción es su coincidencia temporal con el examen de idoneidad que realiza el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La planta busca prolongar su vida útil al menos tres años más, y se espera que el organismo presidido por Juan Carlos Lentijo emita un dictamen entre junio y septiembre de este año.

La gravedad de la situación radica en que una sanción de este calibre pone en entredicho la fiabilidad operativa de la central ante el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien finalmente debe decidir si concede o no la prórroga. El movimiento se produce mientras el Movimiento Ibérico Antinuclear y organizaciones como Ecologistas en Acción y CGT intensifican sus protestas, exigiendo el cierre estricto de Almaraz en noviembre de 2027 y el fin del parque nuclear español para 2035.

Sanciones millonarias y el cerco a las eléctricas

La magnitud de la ofensiva de la CNMC se traduce en cifras que podrían tambalear las cuentas de resultados de las grandes energéticas. El conjunto de las sanciones propuestas podría derivar en multas de entre 400 y 500 millones de euros.

• Infracciones muy graves: Se penalizan con hasta 60 millones de euros. En este grupo se encuentran Iberdrola, Endesa y la propia central de Almaraz.
• Infracciones graves: Pueden alcanzar multas de hasta 6 millones de euros.
• Volumen de expedientes: Iberdrola acumula 16 nuevos expedientes (que se suman a 5 anteriores), mientras que Endesa Generación suma 11 expedientes nuevos (totalizando 14).

El regulador también ha puesto en su punto de mira a otras comercializadoras y generadoras como Naturgy, TotalEnergies Clientes, Engie Cartagena, ContourGlobal La Rioja (propiedad del fondo KKR) y Bahía de Bizkaia Electricidad. Incluso instituciones con participación pública, como el Ente Vasco de Energía (EVE) y el grupo suizo Gunvor, se han visto salpicados por esta segunda oleada de notificaciones.

El origen del conflicto: El apagón del 28 de abril

Aunque las eléctricas intentaron inicialmente desviar la responsabilidad hacia Redeia (matriz de Red Eléctrica), argumentando que el sistema ya mostraba desequilibrios semanas antes del incidente, la CNMC ha girado las pesquisas hacia el comportamiento de las generadoras. Según la documentación consultada, se han detectado indicios de incumplimiento mantenidos durante periodos prolongados que afectaron al funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

La investigación no se limita exclusivamente a lo ocurrido el día del cero eléctrico. La CNMC reclama información detallada sobre parámetros operativos ligados al control de tensión entre los años 2023 y 2025. Sorprendentemente, fuentes del sector indican que en las fechas investigadas, la planta de Almaraz se encontraba parada por labores de mantenimiento, lo que añade una capa de complejidad técnica al proceso de alegaciones.

Plazos y consecuencias legales

Las empresas afectadas disponen ahora de un periodo para formular alegaciones y proponer pruebas. El proceso administrativo tiene una duración máxima de entre 9 y 18 meses dependiendo de la gravedad de la infracción.

Este movimiento regulatorio coincide con el primer aniversario del apagón, fecha límite para que los usuarios y consumidores afectados puedan reclamar daños y perjuicios de forma legal. La CNMC ha sido tajante al afirmar que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final, pero la contundencia de los cargos por «alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación» sugiere un cambio de paradigma en la vigilancia del mercado eléctrico español. Mientras Iberdrola, Endesa y Naturgy mantienen un control férreo sobre el mercado, esta intervención del regulador busca garantizar que las obligaciones de suministro prevalezcan sobre las estrategias comerciales de producción.

Estructura y Funcionamiento del Regulador Energético

Para comprender el calado de estas investigaciones, es imperativo analizar quién está detrás de la toma de decisiones. La CNMC es un organismo público con autonomía propia, alejado de la estructura orgánica directa de los ministerios, aunque sus miembros sean propuestos por el Gobierno de España y ratificados por el Congreso de los Diputados.

El Consejo, órgano supremo de decisión, está integrado por 10 miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Su estructura interna se divide en dos áreas críticas para este caso: la Sala de Competencia y, fundamentalmente, la Sala de Supervisión Regulatoria, encargada de vigilar sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y el transporte.

El equipo técnico que sustenta estas decisiones está compuesto por una élite de ingenieros, economistas y juristas que instruyen los expedientes. El proceso actual respecto a Almaraz implica que, tras la detección de indicios, se abre un periodo de análisis completo donde las empresas presentan sus alegaciones antes de una resolución final que podría derivar en sanciones o en el archivo de las actuaciones.

La Composición del Consejo y el Horizonte de 2026

La actual dirección de la CNMC tiene nombres propios y un calendario de salida marcado por la ley. La presidencia, ocupada por Cani Fernández desde el 15 de junio de 2020, lidera un equipo que incluye a la vicepresidenta María Fernández Pérez y a consejeros como Xabier Ormaetxea, Pilar Sánchez Núñez, Carlos Aguilar Paredes, Bernardo Lorenzo Almendros, María Ortiz Aguilar y Josep Maria Salas Prat.

El diseño institucional establece mandatos de 6 años no renovables para garantizar la independencia y evitar la perpetuidad en el cargo. Dado que el grueso del actual Consejo tomó posesión en junio de 2020, la fecha crítica para la renovación total del organismo se sitúa en el 15 de junio de 2026.

Retribuciones y Transparencia Institucional

La transparencia es un pilar en la gestión de los altos cargos encargados de supervisar mercados de miles de millones de euros. Las retribuciones en la CNMC están fijadas por la normativa del sector público estatal y no incluyen variables o bonus ligados a la actividad de las empresas supervisadas, lo que blinda la objetividad de sus dictámenes.

• Presidencia: Percibe una retribución bruta anual situada entre los 120.000 € y 130.000 €.
• Vicepresidencia: Se sitúa en un rango de entre 115.000 € y 125.000 €.
• Consejeros: Sus emolumentos oscilan entre los 105.000 € y 115.000 €.
• Personal técnico y directivo: Los rangos varían según la responsabilidad y antigüedad, moviéndose generalmente entre los 40.000 € y los 90.000 €.

Este esquema salarial conlleva estrictas leyes de incompatibilidad que prohíben a estos altos cargos trabajar en las empresas de los sectores que han regulado durante un periodo determinado tras su cese, una medida de control necesaria para evitar las denominadas «puertas giratorias».