Henri Parot y la insoportable normalización: cuando 39 asesinatos terminan convertidos en un expediente penitenciario

Hay noticias que deberían resultar imposibles de leer con indiferencia.

Henri Parot, antiguo miembro de ETA, fue condenado por 39 asesinatos y acumuló condenas cercanas a los 4.800 años de prisión. Entre los atentados en los que participó figura el cometido contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y otras 88 resultaron heridas (El País).

No estamos hablando de un delincuente ocasional. No estamos hablando de un hombre que cometió un crimen aislado.

Estamos hablando de uno de los integrantes de una organización terrorista que durante décadas asesinó, secuestró, extorsionó y aterrorizó a una parte de la sociedad española.

Y ahora Henri Parot ha sido objeto de una nueva progresión penitenciaria concedida por el Gobierno Vasco.

El artículo de Javier Caraballo que sirve de punto de partida para esta reflexión lleva un título que resume perfectamente la dimensión moral que plantea el asunto: «Henri Parot, una infamia insoportable».

39 asesinatos no pueden convertirse en una simple anotación administrativa

Las democracias necesitan leyes.

También necesitan instituciones penitenciarias, jueces, fiscales, juntas de tratamiento, mecanismos de reinserción y procedimientos para determinar cómo debe cumplir cada condenado su pena.

Pero una democracia necesita igualmente memoria.

Cuando el lenguaje burocrático empieza a ocupar todo el espacio, existe el riesgo de que desaparezca lo fundamental.

«Evolución favorable».

«Adaptación».

«Tercer grado».

«Reinserción».

«Permisos sin incidencias».

Todo eso puede formar legítimamente parte de un expediente penitenciario.

Pero detrás de ese expediente existen 39 personas asesinadas.

Existen familias.

Existen hijos que perdieron a sus padres.

Padres que enterraron a sus hijos.

Hermanos, esposas, maridos y amigos que tuvieron que reconstruir sus vidas después de que ETA decidiera quién tenía derecho a seguir viviendo y quién no.

Y existen seis menores asesinados en la casa cuartel de Zaragoza.

Eso tampoco debería desaparecer nunca del expediente moral de una democracia.

La decisión tiene responsables concretos

Conviene ser extremadamente preciso porque la indignación no necesita falsedades para resultar contundente.

El tercer grado de Henri Parot fue concedido por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, dirigido por la socialista María Jesús San José, después del informe de la Junta de Tratamiento. El Gobierno autonómico consideró que cumplía los requisitos para progresar de grado (EFE Noticias).

El expediente valoró, entre otros elementos, su comportamiento penitenciario, el desarrollo sin incidencias del régimen flexible que ya disfrutaba, sus permisos de salida y varios escritos en los que reconoce el daño causado y rechaza la violencia (El País).

Ésa es la posición de la Administración.

Pero existe otra circunstancia esencial:

la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la decisión.

El Ministerio Público considera que la progresión al tercer grado es «prematura» y que «no se ajusta plenamente a los criterios legales que rigen la clasificación penitenciaria» (EFE Noticias).

La Fiscalía reconoce que Parot ha tenido una evolución favorable y que su anterior régimen flexible se desarrolló sin incidentes, pero considera insuficiente el tiempo transcurrido para dar por consolidados los factores necesarios para acceder al tercer grado. También recuerda la extraordinaria gravedad de sus delitos (El País).

Por tanto, esto no puede despacharse diciendo que las críticas proceden exclusivamente de adversarios políticos.

La propia Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que el paso dado por el Gobierno Vasco ha sido prematuro.

La pregunta que tienen que responder quienes gobiernan

Las decisiones penitenciarias no aparecen por generación espontánea.

Hay leyes.

Hay técnicos.

Hay juntas de tratamiento.

Pero también hay administraciones que tienen atribuidas competencias y responsables políticos que deben explicar cómo se están ejerciendo.

En este caso existe una pregunta elemental:

¿qué debe exigirse a una persona condenada por 39 asesinatos antes de considerar suficientemente acreditado el proceso que permite ampliar su régimen de semilibertad?

¿Son suficientes varios escritos privados?

¿Debe existir arrepentimiento público?

¿Qué importancia debe darse a la gravedad extraordinaria y reiterada de los delitos?

¿Qué peso tiene el tiempo que todavía queda de condena?

¿Qué consideración merecen las víctimas?

No son preguntas retóricas.

Son cuestiones políticas, jurídicas y morales que una Administración debe responder cuando adopta decisiones de semejante trascendencia.

Y aquí existe una responsabilidad política evidente

La decisión no fue adoptada personalmente por Pedro Sánchez, ni por Sumar, ni por Podemos.

Afirmarlo sería falso y debilitaría cualquier crítica seria.

Fue adoptada por el Gobierno Vasco dentro de las competencias penitenciarias que ejerce la comunidad autónoma, concretamente por el departamento encabezado por una consejera del PSE-EE (EFE Noticias).

Eso atribuye una responsabilidad política directa a quienes gobiernan allí y administran esas competencias.

Y permite también exigir al PSOE, como organización política a la que pertenece el PSE-EE, que explique públicamente qué criterios considera adecuados para la progresión penitenciaria de condenados por terrorismo con historiales como el de Henri Parot.

Otra cuestión distinta es la responsabilidad política general de las fuerzas que sostienen acuerdos parlamentarios o gobiernos en otras instituciones. Puede criticarse su posición respecto de ETA, Bildu, memoria, política penitenciaria o pactos parlamentarios cuando existan hechos concretos que la sustenten.

Pero es importante distinguir esas críticas de la responsabilidad administrativa por esta decisión concreta.

Porque cuanto más precisos sean los hechos, más difícil será refugiarse en la acusación de exageración.

Una región que todavía debe enfrentarse a su memoria

También existe una cuestión social mucho más profunda.

Durante décadas, ETA pudo asesinar porque alrededor del terrorismo existió un entorno político y social que, en distintos momentos, justificó, relativizó, silenció o evitó condenar suficientemente sus crímenes.

Eso forma parte de una discusión histórica que la sociedad vasca continúa teniendo consigo misma.

Pero tampoco sería justo convertir a todos los habitantes de la región vasca en responsables colectivos.

Allí estuvieron también algunas de las personas que más se enfrentaron a ETA.

Hubo empresarios extorsionados.

Periodistas amenazados.

Concejales obligados a vivir escoltados.

Policías y guardias civiles asesinados.

Ciudadanos que tuvieron que abandonar su tierra.

Y hubo vascos que se enfrentaron públicamente al terrorismo cuando hacerlo podía costarles la vida.

Precisamente por respeto a ellos hay que formular una pregunta mucho más incómoda:

¿hasta qué punto se está normalizando socialmente que algunos de los responsables de aquella violencia regresen progresivamente a la vida ordinaria mientras sus víctimas continúan muertas?

No se trata de reclamar castigos fuera de la ley.

Se trata de evitar que la costumbre termine produciendo indiferencia.

Porque existe una enorme distancia entre aceptar que una condena se cumple conforme al ordenamiento jurídico y convertir al condenado en una figura prácticamente desprovista de su historia criminal.

La extraordinaria dignidad de las víctimas

Y existe otro hecho que merece mucha más atención de la que recibe.

Henri Parot fue condenado por decenas de asesinatos.

Detrás de cada uno quedaron familiares que han tenido que convivir durante décadas con una realidad imposible de reparar.

Y, pese a todo ello, España no ha vivido una sucesión de venganzas privadas de familiares de víctimas contra los antiguos integrantes de ETA.

Eso dice mucho de las víctimas del terrorismo y de la sociedad española.

Porque resulta perfectamente comprensible, en el plano estrictamente humano y emocional, que alguien a quien han asesinado a un hijo, a un padre, a una madre, a una esposa o a un hermano pueda experimentar rabia, odio e incluso deseos de venganza cuando observa cómo el responsable obtiene permisos o regímenes de semilibertad.

Comprender una emoción semejante no significa justificar que se agreda a nadie.

La diferencia es precisamente ésa.

Las víctimas han aceptado que sea el Estado de derecho quien juzgue.

Han aceptado las sentencias.

Han aceptado las reglas penitenciarias.

Han acudido a los tribunales.

Han protestado.

Han recurrido.

Han exigido memoria y justicia.

Pero no han reproducido el método de quienes asesinaron a sus familiares.

No pusieron coches bomba.

No dispararon por la espalda.

No secuestraron.

No crearon comandos para perseguir a quienes destruyeron sus familias.

Ésa es una diferencia moral esencial.

Imaginar el dolor no significa legitimar la violencia

Sería intelectualmente deshonesto fingir que nadie puede comprender lo que siente una víctima cuando se encuentra con el hombre que asesinó a su padre o a su hijo viviendo progresivamente fuera de prisión.

Puede comprenderse la rabia.

Puede comprenderse la impotencia.

Puede comprenderse que alguien piense durante unos segundos cosas terribles.

Lo que una democracia no puede hacer es transformar esa comprensión emocional en legitimación de una agresión.

Porque entonces se habría destruido precisamente la frontera que separa a las víctimas de los terroristas.

Una víctima tiene derecho a odiar.

Tiene derecho a no perdonar.

Tiene derecho a decir que considera injusta una decisión.

Tiene derecho a protestar públicamente.

Tiene derecho a exigir que se agoten todos los recursos legales.

Lo que nadie adquiere es el derecho a atacar físicamente a otra persona.

Y precisamente porque las víctimas han aceptado mayoritariamente esa regla durante décadas, la sociedad española tiene motivos para reconocer su extraordinaria contención.

Las instituciones adquieren por ello una responsabilidad todavía mayor

Aquí aparece la paradoja.

Cuanta mayor confianza demuestran las víctimas en el Estado de derecho, mayor es la obligación moral de las instituciones de tratarlas con respeto.

No puede pedirse eternamente paciencia a las víctimas y ofrecerles únicamente lenguaje administrativo.

No puede exigírseles comprensión ilimitada mientras observan cómo los responsables de asesinatos múltiples van obteniendo progresivamente beneficios penitenciarios.

No puede hablarse solamente de derechos del condenado y olvidar que detrás del expediente hay muertos.

El Estado de derecho protege también al delincuente.

Debe hacerlo.

Ésa es precisamente una de las diferencias entre una democracia y una organización terrorista.

Pero proteger los derechos del condenado no exige borrar la gravedad de sus delitos ni reducir la memoria de las víctimas a una ceremonia anual.

Reinserción no significa amnesia

La Constitución y la legislación penitenciaria española contemplan la reinserción.

Eso obliga a evaluar individualmente al preso.

No permite convertir la pena en venganza perpetua.

Pero reinserción y memoria no son conceptos incompatibles.

Henri Parot puede tener derechos penitenciarios.

Puede haber evolucionado durante décadas de prisión.

Puede haber escrito cartas reconociendo el daño provocado.

Puede cumplir determinados requisitos establecidos legalmente.

Todo eso puede discutirse y valorarse.

Pero existe simultáneamente otro hecho que no admite reinterpretación:

39 personas fueron asesinadas.

Y seis menores murieron en la casa cuartel de Zaragoza en uno de los atentados atribuidos al comando del que formaba parte (El País).

Una democracia madura debería ser capaz de sostener simultáneamente ambas cosas:

aplicar la ley al condenado y conservar íntegra la memoria de sus víctimas.

La Fiscalía ha colocado una pregunta encima de la mesa

La discusión jurídica todavía no está cerrada.

La Fiscalía ha recurrido el tercer grado y ha solicitado que Parot continúe bajo el régimen flexible anterior mientras se consolida su evolución penitenciaria (EFE Noticias).

Por tanto, aquí no se está reclamando que nadie actúe al margen del derecho.

Precisamente al contrario.

Existe un mecanismo institucional para revisar la decisión y está siendo utilizado.

Eso es exactamente lo que diferencia al Estado de derecho de la justicia privada.

Pero mientras los tribunales determinan si procede o no esa progresión, los responsables políticos tienen otra obligación:

explicar la decisión a los ciudadanos y, sobre todo, a las víctimas.

No olvidar quién fue víctima y quién fue verdugo

Con el paso de los años aparecen palabras nuevas.

Preso.

Interno.

Recluso.

Tercer grado.

Reinserción.

Permisos.

Voluntariado.

Todas pueden ser jurídicamente correctas.

Pero ninguna debería conseguir que olvidemos la palabra original:

terrorismo.

Ni tampoco quiénes fueron las víctimas.

La sociedad española puede discutir hasta dónde debe llegar la reinserción.

Puede debatir cuándo debe concederse un tercer grado.

Puede discrepar sobre la política penitenciaria.

Pero hay una frontera moral que no debería difuminarse.

Los asesinados no tuvieron segunda oportunidad.

Los niños de Zaragoza no pudieron reinsertarse.

Sus familias no pudieron recurrir la sentencia que ETA había dictado contra ellos.

Henri Parot sí vive.

Tiene abogados.

Tiene derechos.

Puede recurrir.

Puede solicitar permisos.

Puede progresar penitenciariamente si los tribunales concluyen que cumple las condiciones legales.

Y precisamente eso demuestra hasta qué punto la democracia española es moralmente distinta del terrorismo que la atacó.

Las víctimas aceptaron la ley incluso cuando la ley les produjo decisiones dolorosas.

Las instituciones tienen ahora la obligación de demostrar que esa confianza no significa olvido.

Porque cumplir la ley es imprescindible.

Pero recordar a quienes fueron asesinados también lo es.