Forestalia: otro escándalo socialista
El sector de las energías renovables en España, que prometía ser el motor de la transición verde, se encuentra hoy bajo la lupa de la justicia. La reciente detención de Eugenio Domínguez, ex subdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha destapado un sistema de presuntas «mordidas», prevaricación y manipulación de informes técnicos destinados a favorecer a gigantes del sector, principalmente a la empresa aragonesa Forestalia.
La denominada Operación Perserte, liderada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, investiga una red que habría operado con un patrón sistemático de influencia para alinear resoluciones técnicas con intereses privados. Según las investigaciones, el epicentro de la trama reside en la concesión irregular de declaraciones de impacto ambiental (DIA) para megaproyectos en zonas de alta protección ecológica.
La «Guardia Pretoriana» y el Desvío de Controles
Para garantizar que los proyectos de Forestalia obtuvieran la «luz verde» sin trabas técnicas, Eugenio Domínguez habría diseñado una estructura paralela dentro de la administración. Los investigadores sostienen que el ex alto cargo reclutó a una «guardia pretoriana» compuesta por personal externo de la empresa pública Tragsatec, con el fin de excluir a los técnicos funcionarios del Ministerio que se oponían a las irregularidades.
Este esquema permitía que los expedientes más complejos, especialmente aquellos vinculados a la empresa de Fernando Samper, se tramitaran por cauces ajenos a la legalidad. Los informes, en muchos casos, llegaban ya redactados por subcontratas externas, listos únicamente para ser firmados por Domínguez. Se estima que el ex subdirector llegó a acumular en su ordenador personal más de 200 expedientes de solicitudes de DIA, una cifra superior a la que manejaban los 50 empleados de su departamento juntos, y todos ellos obtuvieron una resolución positiva.
Millonarias Comisiones y el Método de las Empresas Pantalla
El rastro del dinero ha sido clave para que la Benemérita cuadre el círculo de la investigación. Se sospecha que Domínguez cobraba comisiones a través de un entramado de empresas pantalla a nombre de familiares directos, incluyendo a su mujer, también detenida en la operación.
- 5,2 millones de euros: Es la cifra que la empresa habría abonado presuntamente en concepto de comisiones ilegales.
- 80.000 euros: Valor de un vehículo de alta gama que Domínguez habría recibido como regalo en especie.
- 52 expedientes: Número de permisos medioambientales que están siendo analizados minuciosamente por presunta manipulación.
El método utilizado, comparado por los investigadores con el «método Cerdán», consistía en la compra de mercantiles y pagos que nunca se elevaban a escritura pública para evitar el rastro administrativo.
El Clúster del Maestrazgo: Un Atentado a la Red Natura 2000
El proyecto más polémico de la trama es el Clúster del Maestrazgo en Teruel, un macroparque eólico de casi 200 molinos de más de 150 metros de altura. Pese a situarse en pleno espacio de la Red Natura 2000, una zona de especial protección ambiental a nivel europeo, el proyecto obtuvo la licencia tras una supuesta manipulación de los plazos y criterios técnicos.
La gravedad de estos hechos radica en que el técnico responsable del proyecto, designado por el propio Domínguez, carecía de la cualificación técnica necesaria para evaluar tales expedientes. Además, se han detectado irregularidades similares en otros proyectos como Masía I y Masía II, en la localidad de Puertomingalvo, donde se obligó a modificar borradores técnicos para que el resultado fuera siempre favorable a la empresa promotora.
Purga de Funcionarios en Aragón
La trama no se limitó al ámbito estatal. En Aragón, la investigación apunta a que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) también fue instrumentalizado. Funcionarios como Ainhoa Ruiz y Óscar Fayanás denunciaron haber sido apartados de sus puestos por emitir criterios técnicos desfavorables a los intereses de la trama.
Según el atestado policial, el entonces director general del Inaga, Jesús Lobera, devolvía los informes que no le interesaban y presionaba a los técnicos para que las propuestas de Forestalia obtuvieran resoluciones favorables. «Tú déjalo ahí, que me encargo yo», habría llegado a espetar a un funcionario que se negaba a firmar un informe que consideraba contaminado.
Ramificaciones en Cáceres y Valencia
La sombra de la sospecha sobre Eugenio Domínguez no se detiene en Aragón y Madrid. El ex alto cargo también está imputado en Cáceres por autorizar presuntamente de forma ilegal un parque solar construido por Iberdrola en una zona protegida por la Red Natura 2000, habitada por especies en peligro como el lince ibérico y el águila imperial.
Paralelamente, en Valencia, la Fiscalía Provincial ha abierto diligencias contra José Rodríguez Jurado, actual número dos de la Delegación del Gobierno, por presuntas irregularidades en su ascenso y nombramiento, sumando una nueva capa de judicialización a la gestión de cuadros técnicos vinculados a la administración socialista.
A medida que el juez instructor del juzgado número 1 de Teruel avanza en las pesquisas, la presión política aumenta sobre la figura de Teresa Ribera, cuya gestión en el Ministerio queda cuestionada por la actuación de su hombre de confianza, quien, ante las acusaciones, se limitó a declarar: «Yo simplemente hice lo posible para que los proyectos salieran adelante; yo sólo facilitaba las cosas».
