España pierde 3.000 millones de euros en fondos europeos

La negativa del Gobierno a eliminar la doble imposición eléctrica tendrá consecuencias directas y millonarias para las arcas públicas y la transición energética del país. España se enfrenta a la pérdida de acceso a 3.000 millones de euros provenientes de fondos europeos, una cuantía aprobada por el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea. Estos recursos estaban destinados a acelerar las inversiones para la descarbonización de los hogares y el transporte por carretera, fundamentales para cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea.

El bloqueo se debe a que, para acceder a este mecanismo de financiación anticipada (ETS2), es obligatorio que los estados miembros hayan transpuesto a su legislación nacional el nuevo régimen europeo de comercio de emisiones. España no ha cumplido con este requisito debido a la inestabilidad parlamentaria y, especialmente, por la persistencia del Ejecutivo en mantener el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), un gravamen del 7% que el sector considera anacrónico y perjudicial.

Un freno a la descarbonización de los hogares

Los fondos en juego tienen como objetivo principal impulsar sistemas de calefacción y refrigeración más limpios, así como reducir la demanda energética en viviendas y edificios. Estas inversiones beneficiarían de forma directa a los hogares con ingresos bajos y medios, facilitando la adquisición de soluciones tecnológicas como las bombas de calor.

Además, la pérdida de este capital afecta directamente a la movilidad sostenible. Los programas destinados al impulso del vehículo eléctrico, el fomento del transporte público y compartido, y el despliegue de infraestructuras de recarga quedan en el aire. La Unión Europea diseñó este sistema para amortiguar el impacto del nuevo modelo de derechos de emisión que entrará en vigor en 2028, pero la falta de adaptación legislativa de España impide que los ciudadanos reciban estas ayudas de forma anticipada.

El origen de un impuesto «temporal» que se volvió eterno

El polémico IVPEE nació en 2012, en un contexto de crisis financiera y con un sistema eléctrico asfixiado por un déficit tarifario que rozaba los 24.000 millones de euros. En aquel momento, se aprobó la Ley 15/2012 como una medida fiscal para la sostenibilidad energética, gravando con un 7% el valor de la energía generada.

Catorce años después, el escenario ha cambiado radicalmente. El déficit tarifario ya no representa una amenaza inminente, pero el impuesto permanece activo. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez lo suspendió temporalmente entre 2021 y 2023 debido a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, el tributo se reactivó progresivamente en 2024, recuperando su tipo íntegro del 7% desde el 1 de julio de ese año.

Impacto en la competitividad y el precio de la luz

El sector eléctrico denuncia que este impuesto es ciego: no distingue entre tecnologías ni atiende a márgenes de beneficio, sino que grava directamente los ingresos brutos. Esto perjudica especialmente a las energías renovables, como la solar fotovoltaica y la eólica, que operan con márgenes más ajustados.

• Recaudación anual: La Hacienda pública ingresa aproximadamente 1.150 millones de euros anuales por este concepto.
• Peso presupuestario: El impuesto representa apenas el 0,2% del total de los Presupuestos Generales del Estado.
• Impacto en el recibo: La supresión del IVPEE reduciría el precio de la luz de forma inmediata en un 6%.
• Sector exterior: Su eliminación permitiría aumentar las exportaciones eléctricas en 7.500 GWh.

La paradoja energética española

España vive una situación contradictoria. Mientras el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija metas ambiciosas —como alcanzar un 81% de generación eléctrica renovable para 2030—, la fiscalidad actual penaliza precisamente el vector energético que debe liderar la descarbonización.

La Comisión Europea ha instado reiteradamente a los estados miembros a aliviar la carga fiscal sobre la electricidad, que en muchos casos cuadruplica la de otros combustibles fósiles. En España, la electricidad no solo soporta el IVPEE, sino también el Impuesto Especial sobre la Electricidad (5,1%), un IVA del 21% y diversos cánones autonómicos y locales.

Esta asimetría fiscal se hace más evidente al comparar a España con su vecino peninsular. Portugal, con quien se comparte el mercado eléctrico, ha eliminado este año el gravamen equivalente, dejando a las empresas españolas en una situación de desventaja competitiva en un mercado totalmente acoplado. El afán recaudatorio del Gobierno ha terminado por prevalecer sobre la necesidad de atraer inversión industrial y aprovechar el liderazgo renovable de la nación.