Trump privatiza Estados Unidos para hacer rica a su familia

Un extenso reportaje de Dexter Filkins publicado en The New Yorker el 21 de septiembre de 2026, titulado «Dollar Diplomacy», no se limita a retratar a Jared Kushner, yerno del presidente y hombre de confianza de la Casa Blanca. Su verdadera tesis, mucho más incómoda, es que bajo la Administración Trump se estaría consolidando un modelo en el que diplomacia, relaciones personales, capital privado y fondos soberanos extranjeros han dejado de ser compartimentos estancos.

Kushner aborda la política exterior con mentalidad de promotor inmobiliario: identificar qué quiere cada parte, presionar y cerrar una transacción aceptable, como si un conflicto internacional fuera un mal negocio esperando estructura. El reportaje sostiene que esa lógica reduce drásticamente el peso de la experiencia diplomática y el conocimiento técnico. En las negociaciones nucleares con Irán, Kushner y Steve Witkoff habrían discutido cuestiones extraordinariamente técnicas sin llevar a la mesa al especialista del Departamento de Energía asignado al equipo, hasta el punto de que varios expertos citados por Filkins dudan de que llegaran a entender del todo algunas de las concesiones iraníes.

El mismo patrón se repite con Ucrania. Según las fuentes de Filkins, Kushner y Witkoff llegaron al conflicto con una comprensión muy limitada de este y llegaron a dar por poco menos que inevitable la superioridad militar rusa. El primer plan surgido de esos contactos exigía a Kiev ceder territorio, renunciar a la OTAN y reducir sustancialmente su ejército.

Pero el reportaje adquiere su verdadero interés cuando la diplomacia se cruza con el dinero.

Tras el primer mandato de Trump, Kushner fundó Affinity Partners pese a no haber gestionado antes un fondo de inversión de un tamaño comparable, y solicitó 2.000 millones de dólares al Public Investment Fund saudí. El comité profesional del fondo puso sobre la mesa varias objeciones difíciles de ignorar: ausencia de historial inversor cuantificable, riesgo excesivamente concentrado en Arabia Saudí, comisiones elevadas y una due diligence que calificaba de insatisfactorios varios aspectos operativos. Mohammed bin Salman, presidente del PIF, anuló esas objeciones por su cuenta y la inversión salió adelante.

El modelo económico explica por qué. Con una comisión de gestión del 1,25 %, los 2.000 millones saudíes bastaban para generar más de 25 millones de dólares anuales solo en comisiones, con independencia del rendimiento del fondo, a los que se sumaba un 20 % sobre beneficios. Emiratos Árabes Unidos y Catar aportaron entonces otros 200 millones cada uno. Más tarde, cuando ya se perfilaba el regreso de Trump a la Casa Blanca, Catar y Emiratos ampliaron su aportación en 1.500 millones adicionales. Una fuente citada por Filkins lo resume sin rodeos: esas inversiones no eran solo en Affinity, sino en la relación con Kushner.

Ahí está la pieza que explica todo lo demás: el activo verdaderamente valioso ha dejado de ser una empresa para convertirse en el acceso. Un fondo soberano puede aceptar un rendimiento financiero mediocre si a cambio obtiene una relación privilegiada con alguien situado junto al poder estadounidense; la inversión se transforma, en parte, en instrumento diplomático.

El propio reportaje aporta la cifra que mejor ilustra la mecánica: a finales de 2024, Affinity gestionaba unos 3.000 millones de dólares pero solo había invertido un tercio, mientras que —según cálculos del Senado recogidos por The New Yorker— ya habría recaudado 157 millones en comisiones. En 2025 el fondo creció alrededor de un 30 % hasta superar los 6.000 millones, con una TIR anual que Affinity cifra en el 25 %, e invirtió entre otras cosas en el israelí Shlomo Group y en Phoenix Financial.

La operación de mayor escala es la compra de Electronic Arts por 55.000 millones de dólares, descrita en el reportaje como el mayor leveraged buyout de la historia. Según la reconstrucción de Filkins, fue el propio Kushner quien puso en contacto a Mohammed bin Salman con el consejero delegado de EA, y Affinity terminó participando en el consorcio comprador: los fondos soberanos del Golfo dejan así de ser compradores pasivos de bonos y hoteles para convertirse en instrumentos activos de influencia internacional.

La dimensión inmobiliaria completa el cuadro. Kushner ha presentado un plan para convertir la Gaza reconstruida en una suerte de nueva Miami Beach —condominios, oficinas, ferrocarril de alta velocidad, pleno empleo— con una inversión estimada de 112.000 millones de dólares y oportunidades explícitas para el sector privado. En Albania promueve algo parecido a menor escala: complejos turísticos, campos de golf, puertos deportivos y unas 10.000 viviendas y habitaciones, con unos 4.000 millones previstos.

Filkins traza así el contorno de algo bastante más amplio que un perfil personal: una posible transición desde la diplomacia estadounidense tradicional hacia una suerte de diplomacia de private equity, en la que se superponen cuatro funciones —negociador político, creador de relaciones, intermediario de capital e inversor privado— en una misma persona. Y de ahí nace el problema de fondo: cuando el país con el que se negocia es a la vez quien financia al negociador a través de inversiones privadas, resulta prácticamente imposible señalar dónde termina la política exterior y dónde empieza el interés económico particular.

Nada de esto, contado así, sería siquiera noticia en España. No porque aquí no importara —importaría, y mucho—, sino porque aquí no llegaría a ocurrir sin que saltase la alarma en la primera licencia, el primer contrato público o la primera autorización administrativa que alguien tuviese que firmar. España es un país en el que la Administración decide, autoriza o deniega casi cualquier cosa que valga dinero: una licencia urbanística, una subvención, un pliego de contratación, una cátedra. Basta con que el cónyuge de quien manda roce un expediente para que el escándalo esté servido, porque hay muy poco margen entre el poder político y el negocio privado en el que ese poder no acabe, tarde o temprano, metiendo la mano.

En Estados Unidos, en cambio, la Administración federal pesa bastante menos sobre la vida económica de quienes de verdad importan. No es infrecuente en absoluto que un ciudadano norteamericano pase media vida sin que el Gobierno federal decida nada relevante sobre su patrimonio: hay allí cerca de cinco millones de hogares con un patrimonio de cinco millones de dólares o más, más de dos millones con diez millones o más, y unos 65.000 con cien millones o más. A esa escala, el Estado deja de tener la última palabra y pasa a ser un actor más entre muchos; por eso a la mayoría de esos norteamericanos ricos —y a buena parte de los que sueñan con serlo— lo que haga o deje de hacer Kushner con un fondo soberano árabe les resulta, sencillamente, ajeno.

Lo que no exime a nadie de nada. Cuando en España gobierna alguien del mismo perfil populista que Trump y hace, guardadas las proporciones, lo mismo que Trump —convertir el poder en negocio de familia—, aquí sí se entera todo el mundo, y con razón: Pedro Sánchez y Trump comparten más de lo que sus respectivos votantes estarían dispuestos a admitir, ese estilo de liderazgo que se presenta como ajeno a las élites mientras las coloniza por dentro. Begoña Gómez ha sido investigada por aprovechar la posición de su marido para intermediar en negocios y cobrar comisiones por cátedras universitarias que, sin ese apellido, no habría podido cursar ni como alumna. Su hermano, David Sánchez, fue condenado por lograr sin mérito alguno una plaza de profesor de música que la Diputación de Badajoz creó a su medida por el simple hecho de ser hermano del presidente del Gobierno. La diferencia con Kushner no es de naturaleza, es de escala y de vigilancia: aquí hay cerca de 47 millones de personas mirando de cerca lo que hace la Administración, porque casi todas dependen de ella para algo; allí hay más de 340 millones y a la inmensa mayoría de los que de verdad tienen dinero, el Estado les da bastante igual.

Redacción. A 15 de septiembre de 2026.