El congresista de EEUU que dice que Ceuta y Melilla son de Marruecos debería empezar devolviendo California a México

Si la geografía y los agravios históricos sirven para discutir la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, apliquemos el mismo criterio hasta sus últimas consecuencias. Estados Unidos tendría entonces bastante trabajo por delante: devolver a México buena parte de su territorio y a las naciones indígenas aquello que conquistó por las armas. Y quedarse, si acaso, con lo que realmente compró.

El congresista republicano por Florida Mario Díaz-Balart, fundador del grupo de amigos de Marruecos en el Capitolio, afirmó en una entrevista concedida a El Español desde su despacho en Miami: «Ceuta y Melilla no están en el territorio geográfico de España, están en el territorio de Marruecos». Y añadió que ese tipo de cuestiones «se establecen, se negocian y se discuten entre amigos y aliados». Las declaraciones llegaron como respuesta a si Estados Unidos contemplaría a Marruecos como alternativa para ubicar bases militares si España mantenía su rechazo a operaciones vinculadas a la guerra contra Irán.

Mario Díaz-Balart ha descubierto un principio extraordinariamente sencillo para resolver cuestiones de soberanía: mirar un mapa.

Ceuta y Melilla están en África. Por tanto, parece sugerir el congresista estadounidense, España debería dar explicaciones sobre su soberanía. Poco importan siglos de historia, tratados, continuidad política, ciudadanía o Derecho internacional. La geografía manda.

Aceptemos por un momento el juego.

Pero juguemos todos.

Y empecemos por Estados Unidos.

Porque si vamos a revisar fronteras contemporáneas utilizando argumentos históricos, geográficos y morales contra conquistas realizadas por la fuerza, pocas potencias occidentales tienen un expediente territorial tan interesante como la estadounidense.

Antes de México estaba España

Conviene empezar por algo elemental que a veces desaparece de los mapas actuales.

California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y enormes extensiones del actual suroeste estadounidense formaron parte durante siglos de los dominios españoles en Norteamérica.

España comenzó la colonización permanente de Nuevo México a finales del siglo XVI. Santa Fe fue fundada en 1610.

California estuvo igualmente bajo soberanía española hasta comienzos del siglo XIX.

Cuando México alcanzó su independencia de España en 1821, aquellos territorios pasaron a formar parte del nuevo Estado mexicano.

Es decir: mucho antes de ser estadounidenses fueron españoles y, posteriormente, mexicanos.

Texas también pertenecía a México.

Y aquí comienza la parte incómoda.

Texas: primero separarse, después incorporarse

México permitió durante las primeras décadas del siglo XIX el establecimiento de numerosos colonos procedentes de Estados Unidos en Texas.

Las tensiones con el Gobierno mexicano aumentaron hasta desembocar en la revolución texana de 1835-1836.

Texas declaró su independencia en 1836 y durante casi una década funcionó como una república independiente.

En 1845, Estados Unidos decidió anexionarla.

México nunca había aceptado aquella pérdida territorial y existía además una disputa sobre dónde se encontraba exactamente la frontera texana.

Un año después comenzó la guerra entre Estados Unidos y México, 1846-1848.

Aquí ya no estamos hablando de interpretaciones modernas.

Estamos hablando de ejércitos.

De invasión.

De ocupación.

Y de derrota militar.

Las tropas estadounidenses penetraron profundamente en México y en septiembre de 1847 ocuparon Ciudad de México.

Después llegó la paz del vencedor.

Guadalupe Hidalgo: cuando perder una guerra significa perder medio país

El 2 de febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo.

México estaba militarmente derrotado y su capital había sido ocupada.

El resultado territorial fue extraordinario.

México cedió aproximadamente el 55 % del territorio que poseía antes del conflicto. Estados Unidos recibió territorios que comprenden total o parcialmente los actuales:

California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

México tuvo además que renunciar definitivamente a cualquier reclamación sobre Texas y aceptar el Río Grande como frontera.

No es una interpretación antiamericana. Es lo que recoge el propio Archivo Nacional de Estados Unidos.

Estados Unidos pagó a México 15 millones de dólares como parte del tratado y asumió determinadas reclamaciones de ciudadanos estadounidenses contra México.

Pero describir aquello simplemente como una «compra» sería bastante creativo.

Primero hubo una guerra.

Después una invasión.

Después cayó la capital mexicana.

Y después el país derrotado firmó el tratado mediante el cual perdió más de la mitad de su territorio. El propio Archivo Nacional estadounidense explica que las negociaciones comenzaron después de la derrota del ejército mexicano y de la caída de Ciudad de México.

Si conquistar territorios por las armas constituye hoy una barbaridad incompatible con los principios que Estados Unidos dice defender, la pregunta es inevitable:

¿por qué esa doctrina empieza a aplicarse después de que Estados Unidos terminara de construir sus propias fronteras?

¿Devolvemos entonces California?

Sigamos el razonamiento hasta el final.

California perteneció a España y posteriormente a México.

Nuevo México, también.

Arizona, también.

Nevada y Utah formaban parte del territorio cedido por México.

Así que podríamos establecer un principio muy sencillo:

Todo territorio obtenido como consecuencia directa de una guerra de conquista debe devolverse a su propietario anterior.

Perfecto.

México puede empezar preparando los documentos.

California sería especialmente interesante.

Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento…

Todo aquello tendría que revisarse.

Nuevo México tampoco plantearía demasiadas dudas históricas sobre su procedencia.

Y si alguien responde que han transcurrido casi dos siglos, que las poblaciones actuales son estadounidenses, que existe una realidad política consolidada y que no tiene ningún sentido deshacer en 2026 las fronteras establecidas en el siglo XIX, acaba de descubrir precisamente el problema de utilizar selectivamente la historia antigua para cuestionar las fronteras actuales de otros países.

Y después llegan los verdaderos primeros habitantes

Pero todavía queda una cuestión mucho más incómoda.

Antes de españoles, mexicanos y estadounidenses estaban allí las naciones indígenas.

Si el criterio consiste en devolver territorios obtenidos mediante conquista, expulsión o imposición militar, tampoco basta con devolver tierras a México.

Habrá que seguir retrocediendo.

Cherokee.

Choctaw.

Creek.

Chickasaw.

Seminola.

Navajo.

Apache.

Sioux.

Comanche.

Y muchas otras naciones indígenas habitaban enormes extensiones de Norteamérica mucho antes de que existieran los Estados Unidos.

En 1830, el Congreso estadounidense aprobó la Indian Removal Act, impulsada por el presidente Andrew Jackson, que proporcionó el marco político para expulsar hacia el oeste a comunidades indígenas asentadas en el sureste.

Después llegaría uno de los episodios más conocidos de la historia estadounidense: el Trail of Tears, el Camino de las Lágrimas.

Miles de indígenas fueron obligados a abandonar sus tierras.

¿Aplicamos también aquí el principio de reparación territorial?

Porque sería difícil sostener simultáneamente que una posesión territorial española debe ponerse bajo sospecha por razones históricas mientras las conquistas, expulsiones y desplazamientos que permitieron extender Estados Unidos desde el Atlántico hasta el Pacífico constituyen simplemente hechos consumados que nadie debe cuestionar.

Estados Unidos podría quedarse con lo que compró

Podríamos incluso ofrecer al congresista una fórmula bastante sencilla.

Nada de conquistas.

Nada de guerras.

Nada de anexiones discutibles.

Nada de territorios arrebatados a indígenas.

Estados Unidos conservaría únicamente aquellas grandes extensiones cuya adquisición internacional se produjo mediante una compraventa o acuerdo territorial reconocido.

Por ejemplo, la Compra de Luisiana de 1803, adquirida a Francia.

También Alaska, comprada a Rusia en 1867.

Y podrían estudiarse separadamente otras adquisiciones realizadas mediante tratados y pagos.

El problema es que incluso entonces aparecerían debajo derechos y territorios indígenas anteriores.

La historia tiene esa molesta costumbre de complicarse cuando uno empieza a rebobinarla.

¿Y qué hacemos con los habitantes actuales?

Llegados aquí aparece la pregunta decisiva.

¿Qué hacemos con los estadounidenses que llevan generaciones viviendo en California, Arizona o Nuevo México?

¿Les explicamos que el mapa histórico dice que aquello fue mexicano?

¿Celebramos un referéndum?

¿Les concedemos un «derecho a decidir»?

¿Preguntamos a México?

¿Preguntamos primero a las naciones indígenas?

¿Retrocedemos a 1848?

¿A 1821?

¿A 1776?

¿A 1492?

Ese es precisamente el absurdo.

Los Estados modernos no pueden organizarse seleccionando arbitrariamente un momento de la historia y utilizando el mapa correspondiente para reclamar territorios.

Mucho menos puede hacerlo un político extranjero exclusivamente cuando habla de las fronteras de otro país.

La soberanía no depende del continente

Ceuta está en África.

Correcto.

También lo están Melilla y las islas Canarias.

¿Y qué?

Alaska está separada del resto de Estados Unidos por Canadá.

Hawái se encuentra en mitad del Pacífico.

Eso no convierte automáticamente a Alaska en canadiense ni a Hawái en territorio de otro Estado.

La soberanía no funciona por proximidad geométrica.

Ceuta es española desde 1580, cuando quedó vinculada a la Monarquía Hispánica tras la unión de las coronas ibéricas, y permaneció bajo soberanía española cuando Portugal recuperó su independencia en 1640; esa situación fue reconocida por Portugal en el Tratado de Lisboa de 1668.

Melilla está bajo soberanía española desde 1497.

Marruecos como Estado independiente contemporáneo nació muchos siglos después de la incorporación de ambas ciudades a España.

Por eso señalar que están geográficamente en África no resuelve absolutamente nada.

Es como mirar Alaska y anunciar solemnemente:

«Está al lado de Canadá».

Enhorabuena.

Ahora falta estudiar Historia y Derecho.

La doctrina del mapa tiene consecuencias

Díaz-Balart puede defender las posiciones políticas que considere oportunas.

Lo que resulta difícil es utilizar determinados principios únicamente cuando sus consecuencias recaen sobre otros países.

Si las conquistas antiguas invalidan las soberanías actuales, revisemos las estadounidenses.

Si la ubicación geográfica determina a qué Estado debe pertenecer un territorio, revisemos Alaska y Hawái.

Si los pueblos tienen un derecho ilimitado a separarse unilateralmente, apliquémoslo también dentro de Estados Unidos.

Y si haber ganado una guerra no constituye una base moral aceptable para conservar un territorio, entonces abramos el Tratado de Guadalupe Hidalgo y coloquemos encima de la mesa California, Nevada, Utah, Nuevo México, Arizona y el resto del territorio obtenido después de la guerra contra México.

Después llamemos a las naciones indígenas.

Quizá tengan algo que decir.

Naturalmente, Estados Unidos no hará nada de eso.

Y hace bien.

Porque las fronteras actuales no pueden desmontarse alegremente utilizando mapas de hace doscientos, trescientos o quinientos años.

Precisamente por eso resulta sorprendente que algunos políticos estadounidenses descubran semejantes teorías cuando miran hacia España.

Si Díaz-Balart quiere utilizar el mapa para discutir la soberanía de Ceuta y Melilla, que compre uno grande.

Uno de América del Norte.

Y que empiece por casa.

Redacción. A 12 de agosto de 2026.