Óscar Puente reduce a «un error» el fallo de Adamuz que mató a 46 personas

El informe de la Guardia Civil sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), con 210 folios, confirma lo que muchos sospechaban desde el primer minuto: la tragedia que costó la vida a 46 personas el 20 de enero de este año no fue un rayo caído del cielo, sino el resultado de una soldadura mal ejecutada entre dos tramos de carril de distinta dureza, en el punto kilométrico 318,693 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Según recoge el atestado, un tren Iryo con 294 pasajeros a bordo embistió contra un Alvia ya descarrilado, con 187 personas en su interior, después de perder su eje delantero al pasar por la unión soldada entre un carril fabricado en 1989 por Ensidesa e instalado en 1992 (tipo R260) y otro fabricado en 2023 (tipo R350HT). Dos aceros con más de tres décadas de diferencia, unidos siguiendo un criterio que, según la propia documentación técnica citada en el informe, contradice de forma literal la normativa general de Adif.

El pliego del contrato de renovación de vía en el tramo Guadalmez-Córdoba, ejecutado durante 2025, ordenaba «soldar conforme al carril de mayor dureza (350)». La normativa general del gestor de infraestructuras dice, palabra por palabra, lo contrario: «se utilizará la carga del acero de menor grado». Dos documentos oficiales de la misma empresa pública, redactados para regir la misma soldadura, diciéndose cosas opuestas. El resultado, cuarenta y seis muertos.

Frente a esa contradicción, negro sobre blanco, la explicación del Ministerio de Transportes ha sido más bien parca: Óscar Puente atribuyó a «un error» que el pliego impusiera una soldadura contraria a la normativa de la propia Adif. Un error. Así, en singular y sin apellidos, se despacha un fallo que un sindicato del sector, Alternativa Ferroviaria (Alferro), ha pedido que se investigue judicialmente citando como investigados a los técnicos y responsables de la soldadura. La causa sigue instruyéndola la magistrada Cristina Pastor, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Montoro, y los laboratorios todavía no han terminado de analizar los carriles.

NI SIQUIERA HACE FALTA BUSCAR MUY LEJOS PARA ENCONTRAR EL MISMO GESTO. Quien reduce a «un error» impersonal la muerte de 46 personas es el mismo ministro que esta misma semana, ante las reticencias del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, a ceder el puerto de la ciudad para alojar a inmigrantes, ha zanjado el asunto con una frase que retrata mejor que cualquier editorial el estilo de gestión de este Gobierno: «Ceuta no es California, es muy pequeñita». Dicho así, entre la condescendencia y el desdén, como quien explica a un niño por qué no puede tener lo que pide. A Vivas, además, le acusó de no querer «acabar con la crisis» y de hacer de «soldado» de Feijóo.

Conviene leer las dos frases seguidas. Cuando el fallo es propio —una soldadura que incumple la normativa de la empresa pública que él mismo tutela y que termina en la peor tragedia ferroviaria de la democracia— el ministro habla de errores despersonalizados, de expedientes que ya instruye un juzgado, de laboratorios que todavía no han dictaminado nada. Cuando el fallo, en cambio, es de otro —un presidente autonómico que no comparte su plan para el puerto de su ciudad— ya no hay prudencia judicial que valga: hay ironía, hay etiquetas partidistas y hay una decisión que se impone igual, porque «Ceuta es muy pequeñita» y presumiblemente no está en condiciones de discutírselo a Madrid.

Ese doble rasero —cautela institucional para lo propio, mano dura para lo ajeno— es, más que un fallo de comunicación, un método. Permite que ningún error salpique nunca al que gobierna: la soldadura de Adamuz será, con el tiempo, un problema técnico de Adif del que ya se ocupa la Justicia; Ceuta será, mientras tanto, un territorio pequeño al que se le explica lo que le conviene. Entre medias, cuarenta y seis ataúdes y un presidente autonómico tratado como un obstáculo administrativo. Quien reparte los papeles de «error de nadie» y «capricho de un pequeño» según le convenga no está gestionando crisis: está administrando impunidad.

Redacción. A 7 de septiembre de 2026.