El Plan de Recuperación no era gratis: la factura empieza a aparecer y llegará hasta 2058

A las deudas les sucede lo que a las visitas inoportunas: se anuncian a bombo y platillo cuando llegan y se olvidan discretamente en el momento de despedirlas. Algo parecido le ha ocurrido a España con el Plan de Recuperación.

Durante años el relato oficial fue de una sencillez casi infantil: Bruselas enviaba decenas de miles de millones, España los gastaba y se modernizaba, y ahí terminaba la función. De la otra mitad de la operación —que una parte sustancial de ese dinero procede de deuda emitida por la propia Unión Europea, y que la deuda, como es sabido, se devuelve— se habló bastante menos. No hasta 2030, ni hasta 2040: hasta 2058. Treinta años de plazo.

La Comisión Europea lo dice sin rodeos: el reembolso de lo emitido para financiar NextGenerationEU arrancará en 2028 y se prolongará tres décadas. Los préstamos que recibió cada Estado los devuelve ese Estado; la deuda que financió las subvenciones la asume el presupuesto comunitario, que no es sino la suma de lo que aportan los países miembros. Decir que España no debe «cada euro recibido» es correcto y, a la vez, la mitad más cómoda de la verdad: alguien paga, y España, como uno de los grandes socios de la Unión, participa de ese pago a través de sus contribuciones y de los nuevos «recursos propios» que Bruselas ya empieza a diseñar.

La factura, de hecho, ha empezado a asomar la cabeza. Entre enero y julio de 2026 la aportación española al presupuesto comunitario rondó los 9.800 millones de euros, 2.300 millones más que un año antes: un incremento cercano al 30 %. No todo ese aumento es achacable a NextGenerationEU —el presupuesto europeo financia también agricultura, cohesión y una larga lista de partidas—, pero el fondo del asunto no cambia: cuando crece el gasto y el endeudamiento de Bruselas, crece también lo que aporta cada socio, sobre todo porque la contribución de cada país se calcula en buena medida sobre su Renta Nacional Bruta. La propia Comisión reconoce haber ensanchado y forzado, con carácter excepcional, el techo de recursos propios en 0,6 puntos de esa RNB europea, precisamente para poder garantizar la deuda de NextGenerationEU. Aquella lluvia de millones, aquel chaparrón de subvenciones, tenía ya una tubería de desagüe que la prosa oficial rara vez nombraba ni detallaba.

2028 es la fecha que de verdad importa, no 2021 ni 2026. La propuesta de la Comisión para el marco financiero 2028-2034 reserva 24.000 millones de euros al año —168.000 millones en el septenio— solo para pagar capital e intereses; y ese tramo, conviene no olvidarlo, es apenas la mitad del camino, porque la devolución completa no terminará hasta 2058. ¿Y quién pagará todo esto? Ninguna máquina europea de imprimir billetes, desde luego. Lo pagarán los presupuestos comunitarios, que a su vez se nutren de lo que ciudadanos, empresas y Estados aportan por una vía o por otra. Por eso Bruselas negocia ya nuevos ingresos —el comercio de derechos de emisión, el ajuste en frontera por carbono, los residuos electrónicos, los impuestos especiales sobre el tabaco—, con el objetivo declarado de arañar decenas de miles de millones cada año. Llamarlo «recursos propios europeos» no cambia gran cosa: cambiar el nombre del pagador no elimina la factura.

Tampoco ayuda que el terreno se haya movido bajo el cálculo original. Los casi 807.000 millones de NextGenerationEU, obtenidos en los mercados de capitales, se diseñaron en años de tipos de interés casi regalados; luego llegaron la inflación y las subidas de tipos, y la propia Comisión admite que su previsión de 24.000 millones anuales incorpora ya un margen de incertidumbre por ese motivo. Aquello habrá sido, más que un regalo, una hipoteca a treinta años. A esto hay que sumar que el presupuesto comunitario ordinario —unos 192.800 millones en compromisos y 190.100 en pagos solo para 2026— seguirá financiando agricultura, defensa, fronteras e investigación mientras, desde 2028, se le añade la factura de la recuperación. Las opciones, a partir de ahí, son pocas y ninguna resulta placentera: más recaudación europea, más aportación nacional, menos gasto en otra parte, o las tres cosas a la vez.

Nada de esto certifica que el dinero se malgastara: eso habría que juzgarlo proyecto a proyecto, y España haría bien en exigirse esa contabilidad —cuánto llegó, cuánto en subvención y cuánto en préstamo, cuánto costará la deuda, qué produjo realmente en crecimiento y en empleo— antes de repartirse méritos. No es infrecuente en absoluto que un Gobierno anuncie los ingresos a bombo y platillo y guarde silencio sobre las obligaciones que los acompañan; y sin embargo hay algo que ni ese Gobierno ni el siguiente podrán callar durante mucho más tiempo: que los gobiernos pasan y las obligaciones se quedan, y que quien ejecutó el gasto no será necesariamente quien, en 2028, en 2035 o en 2050, tenga que explicar por qué hay que seguir pagando. Una sola frase, dicha a tiempo, habría bastado: que se estaba gastando mucho, financiado con deuda, y que una parte se pagaría durante décadas. No hacía falta más ironía que esa, y sin embargo casi nadie la pronunció.

La deuda, mientras tanto, no ha pedido permiso a ningún calendario electoral: seguirá ahí en 2028, en 2031 y en cualquier otra fecha que decidan las urnas. Solo hay una que no depende de ningún ministro.

2058.

Redacción. A 21 de septiembre de 2026.