María Jesús Montero vuelve al Senado con el caso SEPI pisándole los talones

María Jesús Montero se incorporará esta semana como portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Senado, según consta ya en el registro de la Cámara alta. La vicepresidenta primera del Gobierno y hasta ahora ministra de Hacienda formalizó el cambio el mismo día en que acudió a la última reunión del curso de la Ejecutiva Federal del PSOE, antes de viajar a la zona de Vall d’Uixó (Castellón) afectada por el incendio. Sustituye en la Cámara a la senadora asturiana María Fernández Álvarez.

Montero compaginará el escaño con la Secretaría General del PSOE-A y con la jefatura de la oposición en el Parlamento andaluz, sin renunciar a ninguno de los dos cargos —ni, sobre el papel, a las dos nóminas, aunque la ley electoral le impide cobrarlas juntas—. Como senadora aforada solo puede percibir la asignación del Senado, 3.417,54 euros brutos al mes en catorce pagas: 47.845,56 euros al año. Es la menor de las dos: como diputada y líder de la oposición en el Parlamento andaluz le corresponderían 3.599,78 euros de sueldo base más 500 de complemento por portavocía, 4.099,78 euros mensuales, 57.396,92 euros al año. Renuncia así, sobre el papel, a poco más de 9.550 euros anuales de sueldo formal, aunque conserva las dietas de desplazamiento y manutención de ambos cargos —en Sevilla y en Madrid— y cambia de aforamiento: deja el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el Tribunal Supremo. Es un regreso a Madrid con un pie todavía en Andalucía, la misma fórmula con la que Juan Espadas ocupó antes la portavocía del Senado tras ganarle a Susana Díaz unas primarias muy reñidas en 2017. Sobre las primarias para elegir candidatos municipales, la propia Montero ya dejó clara su preferencia meses atrás: «Cuantas menos primarias, mejor».

El regreso a primera línea llega, sin embargo, en el peor momento posible: el juez Santiago Pedraz instruye en la Audiencia Nacional una causa que ha terminado rozando el nombre de Montero. Vicente Fernández Guerrero, interventor general de la Junta de Andalucía durante los años en que ella dirigió la Consejería de Hacienda y más tarde presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta su cese en octubre de 2019, fue detenido el 10 de diciembre de 2025 por la UCO dentro de la investigación sobre Leire Díez, la conocida como «fontanera» del PSOE. Se le atribuye el cobro de comisiones ilegales por 750.614 euros a cambio de influir en al menos cinco operaciones de la SEPI presuntamente amañadas entre 2021 y 2023 —es decir, ya cesado del cargo, según la investigación siguió moviendo los hilos de la empresa pública desde la sombra—. El pasado 27 de mayo, Pedraz amplió la causa e imputó formalmente a Fernández junto a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y otras 24 personas, por delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. Los investigadores sitúan a Fernández coordinando adjudicaciones junto a Díez y al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, a través de un grupo de WhatsApp bautizado «Hirurok».

Varios medios (Libertad Digital, EsDiario y Alerta Digital) han informado de que Montero y Fernández mantuvieron «vida de pareja» en un hotel de Cabo de Gata (Almería) ya cesado él de la SEPI, un episodio que motivó una denuncia ante la Guardia Civil por parte de una pareja testigo. La denuncia fue archivada, pero la UCO estaría revisando ese episodio dentro de su análisis de un posible delito de tráfico de influencias que afectaría a ambos. Antes de tomar posesión del escaño, Montero ya ha presentado, cumplidamente, su declaración de bienes patrimoniales y rentas ante el Parlamento andaluz; nadie le ha pedido todavía que declare con quién pasó el verano de 2021 en Cabo de Gata.

Conviene recordar, cada vez que se habla de Montero, de dónde viene: es consejera de la Junta de Andalucía de forma casi ininterrumpida desde 2004, primero con Manuel Chaves y después con José Antonio Griñán al frente del Gobierno andaluz. Son los dos presidentes que la Audiencia Provincial de Sevilla condenó por el caso de los ERE, el mayor fraude de corrupción política de la historia de España: cerca de 680 millones de euros de fondos públicos desviados mediante subvenciones sin control a empresas y sindicatos. Griñán fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación; Chaves, a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El Tribunal Constitucional anuló en julio de 2024 aquella sentencia y ordenó a la Audiencia Provincial rebajar sustancialmente la pena por prevaricación y eliminar por completo la de malversación, un proceso que a día de hoy sigue sin cerrarse de forma definitiva. Montero no fue imputada en aquella causa; sí fue, durante buena parte de esos años, miembro del Gobierno que la propició.

DE SEVILLA A MADRID HAY TRESCIENTOS KILÓMETROS Y VEINTE AÑOS, PERO EL PAISAJE DE FONDO APENAS CAMBIA: cargos públicos, empresas públicas, dinero público que por el camino se pierde o se reparte entre pocos. Montero regresa al Senado con la agenda cargada —secretaría general, jefatura de la oposición, portavocía adjunta— y con una investigación de la Audiencia Nacional rondándole el apellido, sin que ninguna de las dos cosas parezca estorbar a la otra. De los ERE al caso SEPI ha cambiado el nombre del expediente, pero no mucho más. Cabo de Gata, dicen, es precioso en esta época del año.

Redacción. A 1 de agosto de 2026.