Puente miente: no son bulos son acusaciones directas
Escándalo en Adif: «Presidencia» ordenó retirar vías del accidente de Adamuz sin permiso judicial
La investigación sobre el accidente ferroviario en Adamuz ha dado un giro de 180 grados tras las revelaciones de un testigo clave ante la Guardia Civil. El responsable de la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos (Córdoba), Ángel Azcona, ha confesado a los investigadores que el traslado de tramos de carriles desde la zona del siniestro hasta su base se realizó bajo órdenes directas de la «Presidencia de Adif«. Este movimiento de material crítico, efectuado apenas cuatro días después del accidente, se ejecutó sin la necesaria autorización de la magistrada que instruye el caso, lo que ha desatado una crisis institucional y judicial de proporciones mayúsculas.
Un traslado bajo sospecha y sin respaldo legal
Según la declaración prestada el pasado 6 de febrero, el traslado de los cupones (raíles) tuvo lugar entre los días 22 y 23 de enero. Este movimiento provocó una severa reprimenda de la magistrada del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, quien ya había advertido en una providencia previa que cualquier intervención en las vías que no contara con autorización judicial expresa desencadenaría «consecuencias penales».
Ángel Azcona, responsable del tramo de alta velocidad entre Adamuz y la estación de Sevilla-Santa Justa, detalló que la orden llegó «por teléfono» a su jefe de área, quien se encontraba físicamente en la zona del accidente. La instrucción fue clara: una vez localizados todos los cuerpos en la zona el jueves 22 de enero de 2026, se debía proceder al levantamiento y traslado del material ferroviario.
- Material retirado: Tramos de carriles (cupones), 52 traviesas, el primer motor de la aguja del desvío y dos cajas de cartón con chapas de aluminio.
- Fechas clave: Los movimientos principales se realizaron la noche del 22 de enero y la jornada del 23 de enero.
- Justificación oficial: Adif alegó «condicionantes climatológicos» y la necesidad de salvaguardar el material ante la entrada de maquinaria pesada.
Contradicciones técnicas y falta de transparencia
El testimonio del jefe de mantenimiento pone en entredicho la versión oficial de la compañía. El trabajador admitió que transmitió sus «dudas» a sus superiores al no contar con un respaldo legal firme para dicha operativa, especialmente en un tramo donde, según sus propias palabras, «no había ningún desperfecto» que justificara una actuación de urgencia sin permiso del juzgado.
Además, se ha revelado que el procedimiento administrativo fue inexistente. En la base de Hornachuelos no se rellenó ningún parte de traslado oficial. No fue hasta que la Guardia Civil se presentó en las instalaciones para precintar el conjunto de raíles cuando se empezó a documentar la cadena de custodia de unas piezas que resultan fundamentales para determinar las causas del descarrilamiento.
El material bajo la lupa de la CIAF
Uno de los puntos más críticos de la declaración se centra en las pruebas realizadas sobre el material. Ángel Azcona manifestó que se practicaron ensayos de dureza sobre los cupones donde se encontraban las soldaduras, pero aseguró que estas pruebas «no fueron destructivas». Sin embargo, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia seria: entre las piezas manipuladas podrían encontrarse aquellas que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) pretendía analizar de forma exhaustiva.
La magistrada de Montoro ha exigido explicaciones inmediatas a Adif por la sustitución de 36 metros de carril en el lugar del accidente. La sospecha de que la infraestructura fue alterada antes de que los peritos judiciales pudieran realizar un análisis de campo completo ha generado un clima de desconfianza absoluta entre el poder judicial y el gestor de infraestructuras.
Ampliación de la recogida de restos
La actividad de retirada de restos no se limitó a los días inmediatamente posteriores al siniestro. Según el relato del testigo, se realizaron recogidas adicionales de material los días 30 y 31 de enero, así como entre el 2 y el 5 de febrero. En estas expediciones se retiraron:
- Traviesas adicionales y partes del desvío de acero que quedaban en la zona.
- Un fragmento de carril de 2,32 metros trasladado el martes 3 de febrero a solicitud de un integrante de la CIAF.
- Elementos hallados en el interior de un túnel en una zona adyacente a la vía 1.
Este goteo constante de materiales hacia la base de Hornachuelos, custodiada por apenas 15 personas de la empresa Infravía, ha sido calificado por la instrucción como una «posible irregularidad» que afecta directamente a la integridad de la investigación. La jueza busca ahora identificar a la empresa suministradora y los motivos técnicos reales —más allá de las órdenes telefónicas de la alta dirección— que llevaron a cambiar la configuración de la vía de forma tan prematura.
El papel del Ministerio y las quejas de las víctimas
La gestión política del siniestro también ha entrado en una fase de alta tensión. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido objeto de duras críticas por su gestión de la crisis, hasta el punto de que sus detractores han popularizado el apodo de «Oscargután» para denunciar lo que consideran formas bruscas y una actitud prepotente ante los cuestionamientos técnicos. Desde el Ministerio se ha intentado calificar las informaciones sobre la manipulación de las vías como «bulos» o noticias falsas; sin embargo, los hechos recogidos en sede judicial y las declaraciones de los propios técnicos de Adif demuestran que las irregularidades en la cadena de custodia son una realidad documentada.
Mientras el cruce de acusaciones políticas sube de tono, las víctimas del accidente denuncian un abandono sistemático por parte de la administración. Los afectados se quejan de que, más allá de las comparecencias públicas, no se han articulado medidas reales de apoyo ni se ha facilitado la transparencia necesaria para conocer la verdad de lo ocurrido. El contraste entre la urgencia de la «Presidencia de Adif» por retirar material de la vía y la lentitud del Ministerio para atender las reclamaciones de los damnificados ha profundizado la indignación de las familias, que ven en la actitud de Óscar Puente una barrera para la justicia en lugar de un canal para la reparación.
