El juez Peinado procesa a Begoña Gómez
Claves de un caso que sacude los cimientos de Moncloa
El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha dictado un auto de 39 páginas con el que pone fin a dos años de investigación y acuerda el procesamiento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La resolución judicial sostiene que existen indicios suficientes para juzgar a Gómez por cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación.
El auto judicial describe una operativa continuada en la que la investigada habría aprovechado su posición relacional como cónyuge del jefe del Ejecutivo para obtener ventajas comerciales e institucionales. Según el magistrado, estas conductas, que emanan de entornos presidenciales, resultan «más propias de regímenes absolutistas» y obligan a realizar paralelismos históricos con épocas como el reinado de Fernando VII.
Los cuatro delitos y la «retribución encubierta»
El núcleo de la acusación se vertebra sobre la relación de Begoña Gómez con las empresas que financiaron el software para su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El juez considera que el apoyo de compañías como Google, Indra y Telefónica constituyó una «retribución encubierta» por futuras ventajas en licitaciones públicas.
- Tráfico de influencias: Se investiga si Gómez utilizó su influencia personal sobre el presidente y la administración para favorecer a empresarios cercanos.
- Corrupción en los negocios: El magistrado señala que se ofreció un trato privilegiado a empresas a cambio de patrocinios y servicios gratuitos para la cátedra.
- Apropiación indebida: El juez ve acreditado que Begoña Gómez se apropió de un software desarrollado para la universidad, registrándolo a su nombre y a través de una sociedad mercantil propia (Transforma TSC SL) para su explotación comercial.
- Malversación: Este cargo se debe al uso de Cristina Álvarez, asesora de la Moncloa pagada con fondos públicos, para tareas privadas relacionadas con la agenda y los negocios de la investigada.
La alianza con Barrabés y las reuniones en Moncloa
Uno de los puntos más críticos del auto es la relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien también será procesado por tráfico de influencias y corrupción. El juez destaca que Gómez firmó cartas de apoyo para que una UTE vinculada a Barrabés recibiera contratos públicos de Red.es, coincidiendo temporalmente con la creación de la cátedra y reuniones en el Palacio de la Moncloa.
El magistrado subraya que estas reuniones no fueron contactos aislados o protocolarios, sino parte de una «actuación continuada, directa y operativa». Además, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, habría recibido presiones jerárquicas para crear la cátedra específica para la mujer del presidente, a pesar de que esta carecía de titulación superior habilitante.
El papel de la asesora de Moncloa
El procesamiento se extiende a Cristina Álvarez, empleada de Presidencia. El juez afirma que Álvarez ejerció una «presión moral» ante terceros al intervenir constantemente en las negociaciones de la cátedra, remitiendo correos y participando en reuniones técnicas que excedían sus funciones institucionales. Su presencia en el proyecto buscaba dar una «apariencia institucional» que aumentaba el peso de las peticiones de Begoña Gómez.
Futuro procesal: ¿Hacia un jurado popular?
Tras el cierre de la instrucción, las acusaciones disponen de un plazo de cinco días para presentar sus escritos de conclusiones y solicitar la apertura de juicio oral. Aunque la defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, recurrirá la resolución ante la Audiencia Provincial de Madrid, el juez Peinado mantiene su voluntad de que el caso sea juzgado por un jurado popular.
- El juicio podría celebrarse entre el invierno de 2026 y la primavera de 2027.
- El jurado popular, compuesto por 9 ciudadanos, es el órgano previsto por ley para delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos o que afecten al patrimonio público.
- Estadísticamente, en España, más del 90% de los juicios con jurado popular por malversación acaban en condena.
Reacción política y ética
Mientras el Gobierno califica el auto de «impropio de una democracia» y denuncia un ejercicio de persecución política o lawfare, sectores de la judicatura y la opinión pública ponen el foco en el código ético. La falta de una regulación específica en España sobre el rol institucional y las actividades privadas de los cónyuges de los presidentes ha quedado en evidencia, generando un conflicto institucional sin precedentes entre el poder ejecutivo y el judicial.
Y qué dice el presidente? NADA
Pedro Sánchez, se encuentra nuevamente en China mostrando una complicidad con un régimen que viola los derechos humanos, encarcela a disidentes, ha aplastado la libertad en Hong Kong, se ha anexionado el Tíbet y amenaza a sus vecinos. Esta afinidad con las autoridades chinas resulta difícil de compatibilizar con su vigorosa denuncia de los crímenes de Gaza, su repudio del ataque de Trump a Irán, su equidistancia con la dictadura de Maduro y la entrega del Sáhara a Marruecos sin explicación alguna. No se puede pretender ser el paladín del respeto al derecho internacional mientras se mantiene complicidad con regímenes repugnantes.
