El cerco a la jueza Biedma: la ramificación nacional de las maniobras en los juzgados de Badajoz

La conexión entre la fontanería política y la cúpula de Ferraz

Las diligencias instruidas por el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, han desbordado el ámbito estrictamente local para situar el foco en las altas esferas del poder político en Madrid. Lo que comenzó como una causa penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz, encabezado por la jueza Beatriz Biedma, en torno a la contratación y funciones de David Sánchez Pérez-Castejón, derivó en un operativo sistemático de hostigamiento y contrainformación coordinado desde el centro neurálgico del PSOE.

De acuerdo con los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la exdirectiva y fontanera Leire Díez actuó como enlace directo sobre el terreno. Sus actuaciones no respondían a iniciativas aisladas: los atestados documentan que los avances y borradores de denuncias eran remitidos directamente a Santos Cerdán, entonces secretario de organización del partido. El centro de operaciones de esta estructura se localizaba en un piso franco en la calle Diego de León de Madrid, donde los integrantes de la trama mantenían reuniones periódicas para diseñar medidas destinadas a frenar la investigación judicial que amenazaba al entorno directo de la Presidencia del Gobierno.

Un operativo coordinado contra la independencia judicial

La cronología de las intervenciones constata una reacción inmediata a cada hito procesal. Tras los dos registros ordenados en la Diputación de Badajoz y la posterior citación de David Sánchez en calidad de investigado, se constituyó el 23 de agosto de 2024 el canal de mensajería denominado «Vacaciones y Viajes». En este núcleo confluían Leire Díez, el empresario de hidrocarburos Joaquín Parra, el empresario tecnológico Javier Pérez Dolset y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial por una condena firme de violencia de género.

El objetivo prioritario consistía en desestabilizar la instrucción mediante una doble vía: el hostigamiento público y la búsqueda de elementos incriminatorios contra la magistrada. A través de la plataforma «Magistrado Anticorrupción TV», gestionada por Sáenz de Tejada, se emitieron 96 vídeos dirigidos de manera obsesiva contra Beatriz Biedma y otros jueces instructores pacenses como Emilio García-Cancho, Samantha Reynolds y Marta Hernández Sánchez. Paralelamente, las vigilancias se extendieron a la vida personal de la magistrada, monitorizando sus trayectos al gimnasio y los horarios escolares de sus hijas menores de edad.

La implicación de clanes delictivos y ofertas de favores institucionales

El intento de blindaje procesal alcanzó su cota más crítica cuando los intermediarios de la trama intentaron instrumentalizar al crimen organizado de Badajoz. Los atestados policiales revelan contactos directos con el clan de Los Rochos, una organización marcada por violentos enfrentamientos internos que dejaron como saldo el homicidio de Jesús G. C. («El Tutu») en febrero de 2024 y el de su patriarca, Jesús Rocho, en diciembre de 2024.

A través de la matriarca Cintia Rocho («La Celsa») y de otro intermediario conocido como «El Gitano», los emisarios del grupo intentaron orquestar actos de intimidación contra la jueza instructora a cambio de supuestos tratos de favor penitenciarios y judiciales. El plan quedó reflejado en los apuntes manuscritos de Leire Díez el 25 de marzo de 2025: «Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano». Ante los investigadores de la UCO, los propios miembros del clan confirmaron la propuesta y explicaron que se desmarcaron de la misma al constatar que el objetivo era una autoridad judicial en activo.

Las sospechas sobre la Fiscalía General del Estado

La vertiente institucional del escándalo salpica de lleno a la cúpula del Ministerio Público. Las investigaciones de la Audiencia Nacional pusieron al descubierto una evidente falta de transparencia en la Fiscalía General del Estado, dirigida en aquel periodo por Álvaro García Ortiz y posteriormente por Teresa Peramato. Pese a que la Secretaría Técnica afirmó formalmente al juez Pedraz no disponer de registro alguno sobre la querella interpuesta contra Leire Díez, el fiscal jefe provincial de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, desmontó dicha versión en sede judicial.

Alonso Tejuca certificó el intercambio de al menos tres comunicaciones oficiales con Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general. Entre ellos figuraban la remisión de la denuncia inicial, el análisis que desaconsejaba elevar el caso a Madrid y un informe fechado el 20 de junio. A ello se suma la constatación técnica de que los sistemas de mensajería de la Secretaría Técnica operaban con borrado automático activado desde el 14 de diciembre de 2024, eliminando cualquier rastro de las instrucciones cursadas.

Pese a la intensidad del hostigamiento y las maniobras de presión desplegadas desde el aparato político, la jueza Beatriz Biedma decretó el procesamiento de David Sánchez en abril de 2025, dejando al descubierto un entramado que ahora sitúa a las cloacas del poder ante el banquillo de la Audiencia Nacional.